El PP quiere eliminar los topes al precio del alquiler en su nueva ley del Suelo

La iniciativa que presentará hoy el PPen la Cámara Alta aborda la reforma de hasta cuatro leyes –la del suelo, la de vivienda, la de jurisdicción contencioso administrativa y la del contrato de concesión de obras públicas– y se complementa con un plan más ambicioso que fue el que Feijóo presentó este jueves a las asociaciones, entre las que estuvo finalmente la Plataforma de Afectados por la Okupación, a la que el líder del PP explicó que su partido está ya preparando un proyecto especial para acabar con el fenómeno de la 'inquiokupación', que afecta ya a más de 25.000 viviendas.

«La actual política de vivienda del Gobierno causa dolor social, ahuyenta a los propietarios y fomenta la okupación, que ha llenado de miedo a la gente. Por eso pido ayuda para dar un giro de 180 grados a este asunto. No basta con parches ni con anuncios vacíos», explicaba ayer Feijóo, que puso sobre la mesa nuevas medidas que complementan a las que los barones autonómicos sellaron con él hace algunas semanas y que plasmaron en la Declaración de Asturias.

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Según ha podido saber ABC de fuentes cercanas a la elaboración de la norma, la ley del Suelo del PPabordará cambios en la actual ley de Vivienda aprobada por el Gobierno, que ampara el intervencionismo del mercado. En concreto, el Partido Popular quiere acabar con los índices de referencia del alquiler con los que el Ejecutivo buscaba topar los precios y que la mayoría de las autonomías se han negado a implementar hasta el momento por entender inefectivos. Sólo Cataluña los ha aplicado, sin que los efectos sean muy diferentes a los del resto del territorio. De hecho, esa comunidad fue la segunda donde más creció el precio del alquiler en el último año (12,4%), solo por detrás de Madrid.

Además de la eliminación de esos topes, el PP quiere reformar a fondo la ley del Suelo de 2007 porque «está totalmente obsoleta» y también pone el foco en la ley de jurisdicción contencioso administrativa, para simplificar el proceso farragoso que hay que atravesar para aprobar cualquier plan urbanístico.

En la actualidad, se debe tener el visto bueno de 26 informes, algo que quiere reducirse o, al menos, que se imponga el silencio positivo. «No tiene sentido que algunos planes urbanísticos estén parados desde hace años por pequeños defectos formales que nada tienen que ver con las garantías de edificación segura. Hay que comprometerse para que la maraña burocrática no estrangule la oferta», señaló Feijóo, quien propuso abrir un periodo de 48 meses para «agilizar la construcción y la rehabilitación de viviendas». Habló, en concreto, de la creación de la figura del «proyecto residencial estratégico», una especie de colaboración público privada que permita levantar obra nueva en suelo público pero con la obligatoriedad de que la mitad de las viviendas estén destinadas a venta o alquiler a precio tasado un 30 por ciento menor que el del mercado.

Además, abogó por reducir el tiempo de construcción a cuatro años, seis menos de la media actual, para lo que fomentará la investigación en nuevas tecnologías y pondrá en marcha un plan especial de formación de profesionales del sector. Lo que sea, con tal de multiplicar la oferta. «Porque nadie puede acceder a lo que no existe», señaló en referencia a la falta de pisos en el mercado.