El Gobierno catalán, forzado a rebajar su plan para cerrar miles de pisos turísticos por falta de apoyos
Duro correctivo al plan del Gobierno catalán que pretendía regular el mercado de pisos turísticos y cerrar hasta 28.000 alojamientos de este tipo. El Govern de Pere Aragonès se ha visto obligado a esta mañana a flexibilizar su plan ante la falta de apoyos parlamentarios. El PSC ha forzado a ERC a alcanzar un acuerdo de última hora que modifica sustancialmente la previsión del Ejecutivo de poner, por ejemplo, un tope de 10 pisos turísticos cada 100 habitantes. Con una frágil mayoría de 33 diputados sobre 135, el Govern y ERC ha firmado al final por escrito un acuerdo con los socialistas para aceptar las nuevas condiciones. El pacto contemplaba convalidar el decreto este miércoles -no se puede modificar con antelación- y tramitarlo como proyecto de ley y aprobarlo en el Pleno del 31 de marzo. La mayoría de la cámara ha apoyado tramitarlo como decreto-ley salvo comunes y la CUP que creen que se ha desnaturalizado.
La realidad es que el primer intento en España de regular el sector gigante de los apartamentos turísticos ha quedado fuertemente condicionado. Con una negociación in extremis, cerrada poco antes del debate, el acuerdo entre el Govern, PSC y ERC se sustenta en cinco puntos. El documento arranca con el compromiso de los socialistas de validar el decreto a cambio de pactar un paquete de enmiendas en la futura ley. El acuerdo prevé que los municipios que de forma obligatoria deban pedir la licencia sean los 140 calificados de mercado tenso y no los 240 que preveía el Govern. Hasta ahora, bastaba con solicitar un número de registro de vivienda de uso turístico (HUT en sus siglas en catalán) y era definitivo y por el pago de 300 euros. Ahora tendrá una duración de cinco años aunque se podrá prorrogará de forma automática si el planeamiento utrbanístico lo permite.
los propietarios les bastaba con darse de alta con una declaración responsable ante Turismo y tenían la licencia para siempre y por menos de 300 euros.enen problemas con la vivienda. La lista baja por tanto de 260 a 140 municipios.sea obligatorio pedir licencia de piso turístico -hasta ahora era una comunicación- y el área se limita a los de “mercado tenso”, esto es, a los que tienen problemas con la vivienda. La lista baja por tanto de 260 a 140 municipios.
Tras las presiones de numerosos alcaldes, contrarios al decreto, el texto final eliminará la medida estrella de imponer una ratio de 10 pisos por cada 100 habitantes y apunta a que sean los Ayuntamientos los que decidan si fijan o no el umbral sin necesidad de que se aplique a través de una modificación del plan urbanística. El documento prevé el compromiso del Ejecutivo para ayudar a los municipios afectados, que los Consistorios puedan beneficiarse de la tasa turística como Barcelona y el plazo final que esta modificación debe aplicarse antes de final de marzo.
Con antelación al debate, Aragonès ha afirmado en la sesión de control que la regulación es “absolutamente necesaria” en favor del derecho a la vivienda de la ciudadanía. “Confío en que sea posible con las adecuaciones mientras se mantenga el objetivo: poner freno al desmesurado crecimiento que pone dificultad a la vivienda”. El pacto ha dejado en evidencia en cualquier caso la posición de máxima fragilidad y la preeminencia de los socialistas, que partidarios de la regulación pero que a la vez apoyan que sea a la carta. Los dos grupos suman 66 diputados por lo que les faltan dos votos para que se apruebe. “Hay realidades muy diferentes. Los municipios de los Pirineos no se pueden ser tratados igual que Barcelona”, ha afirmado Òscar Ordeig, diputado socialista.
Pese a los cambios tan sustanciales, Junts, visiblemente molesto, ha votado en contra del decreto y ha anunciado que presentará un texto alternativo. “Los socialistas les han vuelto a salvar”, ha afirmado el diputado Joan Canadell a la consejera del ramo Ester Capella. “Es la moratoria que le conviene a Barcelona. Impulsaremos un texto alternativo”, ha anunciado. Montserrat Vinyets, de la La CUP, ha sostenido que el decreto supone liberalizar por completo el sector y que ha incumplido su objetivo final del decreto que era el de luchar contra la escasez de la vivienda en Cataluña.
Por contra, los comunes han recordado que siempre se han opuesto que hubiera “barra libre” para los apartamentos turísticos y que rea necesaria una regulación. “Voy a desmontar un mito: con este decreto no vanan desaparecer miles de pisos turísticos”, ha dicho Susanna Segovia de los comunes. La diputada se ha felicitado de que se vaya a acabar con licencias casi “feudales” al ser casi “perpetuas”. El PSC y la bancada de la derecha habían elevado el texto al Consejo de Garantías Estatutarias que dictaminó por unanimidad que encajaba en el Estatut.
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