La Generalitat Valenciana ha frenado al menos por ahora el derribo de 65 casas de la Playa de Babilonia en Guardamar del Segura (Alicante) ordenado por el Gobierno en aplicación de Ley de Costas, un desahucio colectivo anunciado cuyo plazo de ejecución expiraba este lunes.
La «suspensión cautelar» dictada por la Administración autonómica se fundamenta en el valor patrimonial de estas viviendas situadas en primera línea del litoral, aunque se desconoce si desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico van a reanudar el proceso.
En Internet, se han recogido más de 6.000 firmas en contra en change.org, donde se recuerda el origen de estas construcciones iniciadas en tiempos de la República en los años 30 del siglo pasado, donde han vivido varias generaciones de familias, al principio, de pescadores, tal como muestran algunas fotos de época difundidas en esa iniciativa de adhesiones en la red.
El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha recordado que desde el equipo de gobierno autonómico del presidente Carlos Mazón se han empleado los medios a su alcance para que reducir a escombros este legado.
«Todas las herramientas que tenía (la Generalitat) las ha usado: la petición directa política al Ministerio, la petición formal, los expedientes de valoración como núcleo urbano de especial valor etnológico, etcétera», ha subrayado.
En concreto, han impulsado una nueva normativa aprobada recientemente y han instado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a la adopción de medidas para evitar la demolición del conjunto de estas casitas, lo que supondría a su entender «un daño irreversible».
En la recogida de firmas, se detalla que estas viviendas modestas «son memoria viva del litoral mediterráneo, ejemplos genuinos de arquitectura popular costera, y testigos silenciosos de la evolución histórica del veraneo, la vida marinera y el desarrollo urbano tradicional de la Comunidad Valenciana y España».
Además, recuerdan que «han acogido generaciones de familias, veraneantes y visitantes que forjaron una comunidad única. Su valor no es sólo material, sino etnológico, sentimental e histórico» y concluyen con un mensaje de alerta, por el carácter irreversible del derribo: «Es un veraneo que ya no se construye en ningún lugar del mundo protejámoslo, es historia».
De momento, esta jornada de lunes ha transcurrido sin movimientos ni comunicaciones oficiales desde la Administración central ni local, y el personal de la empresa contratada por los vecinos para acometer el derribo voluntario, tal como estipula la ley, ha optado por respetar la citada suspensión cautelar.
Desde la Generalitat se recuerda que la normativa establece que la conselleria competente en materia de cultura tiene en su mano suspender cautelarmente cualquier intervención en bienes muebles o inmuebles que posean alguno de los valores mencionados en la Ley del PatrimonioCultural Valenciano cuando estime que la intervención pone en peligro dichos valores. Por ello, también se ha solicitado al Ayuntamiento que adopte las medidas necesarias para hacer efectiva la suspensión.
«No va a ser mejor playa porque esas casas no existan. No es mejor costa la de Guardamar porque no existan», se ha pronunciado Martínez Mus en declaraciones a los medios de comunicación en un acto público este lunes.
«No sé exactamente hasta hora si habrá algún vecino que cederá a esa presión porque la amenaza es que, si no lo hacen ellos, lo hará la administración», ha manifestado.
Martínez Mus ha advertido de que a partir de mañana «pueden encontrarse que se haga a la fuerza» o recibir «multas diarias» mientras no se derruyan las viviendas.
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