Las últimas que se han lanzado a desmentir al Gobierno de España son la Asociación de Mujeres Juristas Themis, integrada por abogadas especializadas en violencia de género. «Algunas víctimas, aunque no sé cuántas fueron, estuvieron desprotegidas durante varios meses del año pasado. Pudieron sufrir un daño porque no se tenía acceso a las pruebas. La migración de datos provocó que hubiera absoluciones y que otros casos se archivaran», asegura Ángela Alemany, portavoz de Themis, a ABC.
Alemany se muestra sorprendida por la versión que el Ministerio de Igualdad sigue manteniendo públicamente y señala directamente a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género: «Lo sabían, les constaba que se estaban produciendo incidencias debido al cambio en la empresa adjudicataria y la posterior migración de datos. El Estado es responsable», indica esta jurista. La asociación Themis también tuvo información durante aquellos meses de los fallos técnicos en el sistema Cometa, que es el que se ocupa del seguimiento de las pulseras antimaltrato.
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Desde el partido señalan que diversos juzgados recibieron «notificaciones oficiales de que no era posible instalar nuevos dispositivos ni sustituir los defectuosos, lo que dejó a numerosas víctimas en situación de riesgo»
Sin embargo, explican a este diario, prefirieron ser prudentes puesto que dar publicidad al fallo en las pulseras podía ser perjudicial para que los incumplidores (los maltratadores) solicitaran un informe a Cometa. «Lo que no queríamos es que las víctimas quedaran desprotegidas, no quisimos generar expectativas en los incumplidores», dice Alemany.
La versión de los hechos de la asociación de juristas de Themis se suma a otras informaciones publicadas por este periódico que estarían contradiciendo las explicaciones de la ministra de Igualdad. Ángeles Carmona, expresidenta del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), acusaba ayer a la ministra de Igualdad de mentir y aseguraba que, cuando estaba en el cargo, la alertó de los fallos que se estaban registrando. «Enviamos decenas de quejas», aseguró Carmona. Además, Igualdad había sustituido los anteriores dispositivos, que costaban 1.500 euros por otros de 150 que se venden en Aliexpress. Este diario también recogió ayer el testimonio de una víctima que tuvo que lidiar con que su maltratador se saltara el alojamiento hasta en cinco ocasiones por los fallos en el sistema. «Me tachaban de loca cuando decía que mi maltratador se había quitado la pulsera», relató a ABC.
El Gobierno se enroca en su versión
Redondo no fue ayer el único miembro del Gobierno que siguió restándole importancia a las últimas informaciones y testimonios que se han hecho públicos en los últimos días. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, pidió «tranquilidad» frente a los que, dijo, «están tratando de generar alarma».
De hecho, a última hora de la tarde Moncloa quiso contrarrestar la duda que se cierne sobre Ana Redondo, desmentir algunas informaciones y sacar pecho del sistema Cometa. El Gobierno presume de que más de 4.500 mujeres tienen actualmente el dispositivo activo y de que ninguna mujer con dispositivo ha sido asesinada en 2022, 2023 y 2024. El Ejecutivo sostiene que «las incidencias puntuales en migración de datos históricos afectaron a quebrantamientos de condena, nunca a la seguridad» y reconoce que «algunos datos no llegaron a los juzgados en plazo, pero al recuperarse se reabrieron los procedimientos». Además, el Gobierno también desmintió que los dispositivos se compren en AliExpress o que cuesten 150 euros.