Radiografía de la okupación en Madrid: la segunda provincia por detrás de Barcelona y más de 11 meses para conseguir un desalojo por vía judicial
El fenómeno de la okupación en España se ha intensificado en los últimos años, afectando especialmente a las grandes ciudades como Madrid y Barcelona. En 2023, según datos del Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, se registraron 15.289 casos de allanamiento o usurpación de inmuebles en el país. De estos, 1.516 ocurrieron en la Comunidad de Madrid, situándola como la segunda provincia con más casos, solo superada por Barcelona, que acumuló 4.610 incidentes de esta naturaleza.
Los datos reflejan que Madrid enfrenta un problema significativo en cuanto al número de okupaciones, con un ritmo de cuatro al día, aunque es Barcelona la que lidera esta estadística a nivel nacional. La diferencia entre ambas provincias es notable, con más del triple de casos en la capital catalana.
En cuanto a la resolución de estos casos, se registraron 1.212 casos esclarecidos en Madrid, una cifra considerable, pero inferior a los 3.772 casos de Barcelona. Mientras tanto, en las antípodas de esta estadística se sitúan Soria y Palencia (con 8 casos registrados en cada provincia), seguidas por Zaragoza y Ceuta (con 9 casos cada una) y Melilla, con 11 sucesos.
En este sentido, un aspecto crítico relacionado con la okupación es el tiempo que tardan los propietarios en recuperar sus viviendas a través de procesos legales. En Madrid, la duración media de los procedimientos judiciales por ocupación ilegal de viviendas alcanzó los 11,2 meses en 2023, según el Consejo General del Poder Judicial. Esta cifra representa más del doble del tiempo que se necesitaba en 2018, cuando el promedio era de 5,2 meses, lo que evidencia una creciente lentitud en el sistema judicial.
Sin embargo, portales como Idealista hablan de tiempos de casi dos años en el caso de Madrid (11,2 meses para la primera instancia y 10,3 meses para la apelación), llegando a un total de 21,5 meses. Una cifra que se sitúa en la zona media de la tabla a nivel nacional, con Castilla y León situada como la comunidad más lenta con un tiempo de espera de tres años y Navarra (con 9 meses para la primera instancia y 5,2 para la apelación) como la más rápida.
Un 90% de los casos judicializados en Madrid corresponden a inquilinos que han dejado de pagar el alquiler, lo que subraya que el problema no se limita a okupaciones violentas para construir centros sociales u otros proyectos de barrio o por necesidad extrema. Un fenómeno conocido como 'inquiokupación', fruto de la combinación de los términos inquilino y okupa, que cuenta con varias plataformas repartidas por todo el territorio nacional.
Esta estadística también explica dos de los asuntos más repetidos en las encuestas elaboradas en el sector inmobiliario sobre las preocupaciones de los caseros en Madrid, donde la okupación y el miedo a los impagos figuran como principales quebraderos de cabeza de los pequeños propietarios de vivienda que participan como arrendadores en el mercado del alquiler.
La dilatación en los tiempos de la justicia a la hora de devolver los inmuebles se ha convertido en uno de los factores determinantes para la proliferación de empresas de desokupación (ya hay más de una quincena prestando sus servicios en la capital) que, por tarifas que oscilan entre los 3.000 y los 6.000 euros, prometen "recuperar la vivienda en 48 horas" en su publicidad, sin aportar ninguna clase de garantía.
Muy lejos de Barcelona
Pese a tener casi un millón de habitantes más que Barcelona, los números de Madrid son tres veces inferiores a los de la provincia de la Ciudad Condal. En Barcelona, una combinación de factores ha agravado la situación. La implementación de normativas específicas en materia de vivienda, como la Ley 24/2015, ha sido interpretada en algunos casos como más favorable a los okupas que a los propietarios. Esta ley, que introduce mecanismos para proteger a las personas en riesgo de exclusión residencial, ha ocasionado retrasos en los desalojos y, en algunos casos, su evitación, lo que ha contribuido al aumento de las okupaciones.
Asimismo, según coinciden los expertos consultados, en Barcelona existe una "cultura" arraigada de la okupación vinculada a movimientos sociales y vecinales desde los años 80. Además, es la ciudad en la que se elaboran gran parte de los manuales sobre okupación, en los que se explica punto por punto todo el proceso, desde cómo investigar posibles inmuebles a usurpar, cómo resistir las primeras 48 horas o cuánto dinero se puede exigir por abandonar el piso durante una negociación con los propietarios.
Y mientras todas estadísticas van marcando el pulso del fenómeno en las dos principales ciudades del país, la situación que se está produciendo en los últimos tiempos en El Cañaveral ha agitado también la arena política. Así, el consejero de Vivienda, Turismo y Transportes de la Comunidad, Jorge Rodrigo, se preguntó ayer antes los medios de comunicación qué estaba haciendo el delegado del Gobierno, Francisco Martín, frente a las okupaciones de viviendas en este enclave. Rodrigo aprovechó, también para pedir a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que se «desbloquee la Ley Antiokupación que presentó el PP» para «dar la posibilidad de que esos desalojos se realicen en 24 horas».