El fiscal de Maduro emite una orden de arresto contra Edmundo González
La fiscalía general de Venezuela solicitó el lunes que se emita una orden de arresto contra el líder opositor Edmundo González, después de que González no respondiera a tres citaciones para testificar sobre un sitio web de la oposición que publicó resultados detallados de las disputadas elecciones presidenciales del país.
El sitio web está siendo investigado por "usurpar la función" de la autoridad electoral, que dice que el presidente Nicolás Maduro ganó las elecciones del 28 de julio pero no ha publicado resultados detallados.
La Fiscalía General de la República dio a conocer este jueves la tercera boleta de citación contra el diplomático para que compareciera el pasado viernes "a fin de rendir entrevista en relación a los hechos que investiga este despacho relacionado con la publicación y mantenimiento de la página web resultadosconVzla.com". En un intento de forzar la presión para que el ganador de las elecciones presidenciales abandone el país.
La justificación jurídica del chavismo es el supuesto peligro de fuga del señalado, así como de obstaculización de la causa. "Lo que estaría tratando de hacer el Ministerio Público es argumentar que tras haberse citado tres veces a la parte sin que compareciera se justificaría una detención para conducirlo a la fuerza. Es lo que se conoce en el Derecho Procesal Penal como un mandato de conducción", explicó a EL MUNDO el jurista Nizar El Fakih.
Y para que esa conducción ante el Ministerio Público se materialice, el fiscal debería según la ley venezolana hacer una solicitud previa ante un tribunal de control penal en Caracas. Sería este tribunal el que lo aprobaría. "En teoría, el fin de mandato de conducción es únicamente forzar a la persona a comparecer a rendir declaración, pero no a mantenerla detenida", añadió El Fakih.
González Urrutia, que acaba de cumplir 75 años, se encuentra a resguardo en medio de la represión salvaje, "terrorismo de Estado", como lo ha definido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que el chavismo tiene sometido a la oposición democrática y a la sociedad civil. Quien fuera candidato y ganador por goleada de los comicios, más de cuatro millones de votos de ventaja sobre Nicolás Maduro, no participó en las protestas del pasado miércoles.
Uno de los "agujeros" de la causa interpuesta contra González es que el Ministerio Público se niega a dar a conocer si el candidato acudiría en calidad de testigo, cómplice o autor de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delito informático, asociación para delinquir y conspiración.
Transcurrido un mes del 28-J, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se ha negado a publicar las actas electorales porque en ellas Maduro sólo obtiene el 30% de los votos, frente al 67% del candidato de los demócratas. En cambio, en una gesta histórica, un ejército de un millón de ciudadanos salvaguardó el voto, protegió a los testigos, obtuvo una copia de las actas y las escondió para fotografiarlas y escanearlas antes de enviarlas a una base de datos, que es la que se puede consultar en la web resultadosconVzla. En menos de dos días, más del 83% de las actas se podían consultar públicamente.