El ICE, establecido en virtud de la «Ley de Seguridad Nacional» de 2002, fue creado como respuesta a los ataques terroristas del 11S en 2001. Esta legislación dio lugar a la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del cual el ICE es una de las agencias subordinadas. Esta se encarga de aplicar las leyes migratorias, realizar investigaciones sobre inmigrantes indocumentados y ejecutar las deportaciones de personas sin papeles dentro del país.
Tras su regreso a la Casa Blanca el año pasado, Donald Trump ha ampliado la escala, el presupuesto y la misión del ICE. Desde entonces, la agencia ha estado deteniendo a miles de personas, incluso en espacios públicos, pero también con más agresividad.
La batalla de Los Ángeles se alarga y abre otra guerra política en EE.UU.
Trump amenaza con arrestar al gobernador de California, que demanda al presidente por su despliegue «ilegal» del ejército
En mayo de 2025, el alcalde de Newark (Nueva Jersey), el demócrata Ras Baraka, fue detenido ilegalmente por agentes del ICE mientras realizaba una visita de inspección junto a tres congresistas federales en Delaney Hall, un nuevo centro de detención de inmigrantes bajo el mando de la agencia en dicha ciudad.
Sin embargo, uno de los casos más sonados en su hacer fue el de Kilmar Armando Abrego García. Este salvadoreño fue arrestado por el ICE y fue deportado el año pasado por error al CECOT, la cárcel de máxima seguridad salvadoreña. Aunque un juez federal de Maryland ordenó su liberación, su caso se convirtió en un símbolo de la mano dura de Donald Trump en política migratoria.
Además de la propia polémica que ha generado el papel del ICE durante la Administración Trump, este pasado verano, se abrió un debate nacional en torno al uso por parte de sus agentes de indumentaria de civil, así como máscaras para cubrirse el rostro y evitar así ser identificados. Mientras algunos funcionarios lo defendían como un elemento de seguridad, otros lo consideraban como un elemento intimidatorio.
¿Qué autoridad tiene?
La autoridad del ICE difiere de la de la policía local en EE.UU. Los agentes del ICE tienen la autoridad de interceptar, detener y arrestar a quienes sospechen de que se encuentran en el país de forma ilegal, pero sin derecho a arrestar a ciudadanos estadounidenses, excepto en situaciones muy limitadas, como cuando alguien obstruye una detención o agrede a un agente.
No obstante, según el medio de comunicación sin fines de lucro 'ProPublica', durante los primeros nueve meses del segundo mandato de Trump, se han registrado más de 170 casos en los que agentes del ICE detuvieron por la fuerza a ciudadanos estadounidenses, incluyendo a personas que fueron confundidas con inmigrantes indocumentados.
El volumen de deportaciones durante la Administración Trump es considerable. El Gobierno actual declaró haber deportado a unas 605.000 personas el año pasado, y se informó de que casi dos millones de inmigrantes fueron «deportados voluntariamente», resultado de una campaña activa que incentiva la salida voluntaria del país para evitar el arresto o la detención. Además, en mayo del año pasado, Trump anunció una política que ofrecía un pago de 1.000 dólares para este fin.
El incidente en Minneapolis no es el primer caso de víctimas por disparos durante operaciones de control migratorio. Según el diario 'Los Angeles Times', en octubre del año pasado se produjeron dos incidentes en Los Ángeles, donde los agentes dispararon contra conductores, casos que el Departamento de Seguridad Nacional defendía alegando que los conductores amenazaron a los agentes con sus vehículos.
Criterios flexibles
En septiembre del año pasado, el ICE detuvo a 475 personas durante una redada en la construcción de una planta de baterías de las empresas surcoreanas, Hyundai Motor y LG Energy Solution en Georgia, entre ellas más de 300 técnicos surcoreanos sin la documentación requerida.
Aunque inicialmente defendió la operación, Trump expresó este jueves su pesar por esta operación. En una entrevista con 'The New York Times', subrayó que los detenidos eran especialistas desplazados a EE.UU. para transferir tecnología y formar a trabajadores locales. Añadió que, al tratarse de estancias temporales, no debieron ser tratados como «criminales», lo que evidencia un enfoque basado más en el interés nacional que en la aplicación estricta de la ley migratoria.