¿Por qué ahora Alberto Núñez Feijóo, un año después de apoyar la toma en consideración de una ley para regularizar a medio millón de inmigrantes, aboga por ponerle coto a la inmigración irregular con medidas como, por ejemplo, terminar con el arraigo? «El PP se mete ahora en esto porque se lo han dicho las encuestas, no porque crea en ello», ha contestado este miércoles la portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso, Pepa Millán.
En un momento en el que la inmigración se ha convertido en el segundo problema nacional para los españoles, solo por detrás de la vivienda, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Vox no está dispuesto a soltar la bandera frente a las llegadas irregulares ante un advenedizo. «Hasta hace nada, el PP votaba a favor de regularizaciones masivas», ha denunciado Millán en la sala de prensa del Congreso, desde la que ha reivindicado las políticas que «siempre» ha defendido Vox, empezando por la expulsión de todos los inmigrantes que entren en España de forma irregular, de los que cometan delitos graves y de los que hagan de los delitos leves «su forma de vida».
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La nueva posición del PP, que asume también la expulsión de inmigrantes en ciertos supuestos, aunque esto también lo contempla la legislación actual, no pilla por sorpresa en Bambú, en la sede nacional de Vox, pero en la formación derechista lanzan un mensaje respecto a su potencial socio en un futuro Gobierno, al menos en lo tocante a la inmigración: «No es de fiar». Millán esta mañana ha incidido, en la línea del informe difundido la semana pasada por la fundación Disenso, vinculada a Vox, en que la inmigración «masiva» y «de baja cualificación» es perceptora de ayudas públicas de un sistema al que, según ella, no aporta lo suficiente.
Su homóloga en el Grupo Parlamentario Popular de la Cámara Baja, Ester Muñoz, ha negado después que la postura del PP se deba a datos demoscópicos y ha alegado que ya hay varios países de Europa, y gobernados por partidos de distinto signo, como el Reino Unido, que están adaptando su legislación ante el problema que supone, ha dicho, «la inmigración ilegal y desordenada», que no toda.