Cabe recordar que, en septiembre de 2022, a dos semanas del comienzo del juicio en Huesca, Puig, que se refugió en Bélgica tras ser acusado de malversación por el 1-O, apeló a su condición de aforado -es diputado de Junts en el Parlament- para que el Juzgado de lo Penal 1 de la citada ciudad se inhibiese a favor del TSJC.
Por su parte, dicho juzgado -y la Fiscalía- solicitaron que el caso lo asumiese el Tribunal Supremo (TS) que, finalmente, lo ha derivado al tribunal catalán, al considerar que el delito atribuido a Puig, desobediencia por «una orden que resolvió desatender», se produjo en Cataluña, donde desempeñaba entonces sus funciones.
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El Supremo rechazó así la alegación del Ministerio público que señaló que la desobediencia se habría llevado a cabo en Huesca, «destino final de los bienes que debía remitir» el titular de Cultura. En un auto, la Sala de lo Penal declaró la competencia del tribunal catalán para enjuiciar al exconsejero, en su condición de aforado.