El crimen sucedió en plena pandemia, en la tarde del 24 de agosto de 2020, si bien no sería hasta febrero de 2022 cuando fue detenido al comprobarse que su ADN estaba entre las muestras recogidas en el lugar de los hechos: la casa de propietaria del inmueble en el que él vivía de alquiler, que se encontraba en el mismo edificio, justo debajo del suyo, y en el que ella residía sola, lo cual él «sabía».
Esa fatídica tarde y según los hechos considerados probado por el veredicto del jurado cuando estaba dentro de la casa, el condenado, de 26 años, sacó de su pantalón una navaja o arma blanca de, al menos, 2,5 centímetros de ancho y «se la clavó en el abdomen de arriba abajo» y otras dos en el cuello que determinaron su muerte de «forma rápida, a los pocos minutos».
Encontrándose todavía con vida, la llegó a asestar hasta veinte puñaladas que alcanzaron también a ambas extremidades, la cara o la oreja y una vez muerta «siguió clavando la navaja o arma blanca en su cuerpo» en 32 ocasiones más.
Tras ello se dirigió al baño de la vivienda de la víctima, se lavó en el lavabo la sangre que tenía en las manos y se fue del escenario del crimen. Si bien antes de abandonar esa habitación en la que mató a su casera, un dormitorio muy estrecho y de reducidas dimensiones en el que la donde la acorraló entre la cama y la ventana, sustrajo 3.000 euros que la víctima tenía en esta dependencia, en la que ella guardaba dinero en efectivo, documentos, otros objetos y enseres.
El jurado con sus hechos probados por unanimidad enmarcó los hechos en un asesinato al apuntar alevosía -en cuanto que se «ejecutó de forma súbita y sorpresiva e impidiendo que esta pudiera defenderse del ataque»- y ensañamiento -causando «sufrimientos especialmente dolorosos e innecesarios para alcanzar el resultado mortal»-.
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El jurado no consideró probado que el acusado cometiera los hechos bajo la influencia de un «estado pasional o reacción momentánea, ante el peligro de que le pudiera desahuciar por el impago de rentas de la vivienda» y «no tener donde ir a vivir con su familia en plena pandemia de la Covid 19» y el fallo no atiende a atenuantes en su condena que cuantifica en 21 años de cárcel por un delito de asesinato y otros cuatro años y cuatro meses por robo en casa habitada. Asimismo se fija una indeminzación de 70.000 euros para los hijos de la víctima, a los que deberá reintegrar además los 3.000 sustraído tras matar a su madre.