El Ayuntamiento de Barcelona ha sancionado al propietario del edificio ubicado en el número 24 de la calle Ample de Ciutat Vella por alquilar durante años 14 pisos a turistas, pese a no tener licencia. La multa, calificada de “ejemplar” por el teniente de alcalde de Seguridad y concejal del distrito, Albert Batlle, es de 420.000 euros. “Es un aviso de que no se permitirá ningún tipo de actuación como esta”, ha avisado. En la finca hay otra vivienda, con una inquilina de renta antigua, que se encargaba de entregar las llaves a los visitantes, ha añadido el consistorio sin revelar más que el hecho de que era “cómplice” de su casero.
Batlle ha explicado que la sanción llega tras un largo proceso de investigación por parte de la Guardia Urbana y los servicios de inspección del distrito. De forma reiterada y pese a las sospechas e intentos de sancionar del Consistorio, el propietario ha alegado durante años que alquilaba los pisos de forma legal a inquilinos que aparecían como vecinos de los pisos turísticos. “La propiedad evitaba el expediente finalizando el contrato de alquiler o cambiaba el titular cada vez que se acercaba el final del trámite administrativo sancionador”, ha explicado.
Los pisos se anunciaban en portales de alquiler turístico como Booking o Airbnb, que sobre el papel acordaron en 2018 con el Ayuntamiento de Barcelona no anunciar pisos para turistas si no tienen número de licencia. Desde 2018, bajo el primer mandato de la alcaldesa Ada Colau, los inspectores han estado abriendo expedientes y pidiendo a las plataformas que eliminaran los anuncios, que mostraban fotos y supuestos anfitriones distintos, para esquivar a los servicios municipales, siempre según el Consistorio.
Tras meses de acumular pruebas, en abril pasado se produjo una inspección conjunta de la policía local y los inspectores del distrito que constató que 14 de los pisos estaban ocupados por turistas y en el quinceavo “vivía una inquilina de renta antigua que gestionaba la recogida de llaves y entradas y salidas de los alojamientos”.
La voluntad reiterada de esquivar a la administración y “la incorporación de la arrendataria en la gestión turística del inmueble” han sido considerados una acción “muy grave” que ha desembocado en el inicio del procedimiento sancionador. El cálculo de 420.000 euros corresponde a una estimación del beneficio obtenido y “otras circunstancias agravantes reguladas por la Ley de Turismo de Cataluña”, como anunciar viviendas sin licencia como alojamientos turísticos. El Ayuntamiento ha anunciado, además de que facilitará a Hacienda la información recabada en el expediente, por si el casero debe responder también ante la Agencia Tributaria.
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