Un malagueño debe trabajar casi 9 meses del año para pagar impuestos
La Agencia Tributaria ha ingresado 2.329,43 millones de euros en la provincia entre enero y junio, un 20% más que en el mismo periodo de 2024 y el doble del avance registrado a escala nacional. El salto recaudatorio provoca que el secretario general de la formación en Málaga, José Ramón Carmona, ha denunciado que «el afán confiscatorio del Gobierno» obliga a los malagueños a trabajar 228 días, casi nueve meses del año, para pagar impuestos. «Hasta el 17 de agosto sería para pagar impuestos; a partir de ese día, el dinero que se ingrese sería ya para el disfrute», ha afirmado Carmona.
De mantenerse esta inercia en la segunda mitad del ejercicio, Málaga encadenaría su quinto récord consecutivo y rondaría de nuevo los 5.500 millones anuales, un volumen de recursos que contrasta con la posición de la provincia, novena en el ranking de aportación pese a ser la sexta por población, y que alimenta el debate sobre el retorno territorial de esos fondos.
Carmona recuerda que, desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, se han aprobado 97 subidas fiscales y que el «calendario tributario» se ha alargado 51 días respecto a 2018, de modo que más del 54% de las rentas familiares termina en gravámenes, cotizaciones y tasas. Según su versión, la provincia aporta «5.500 millones y no recibe ni un euro de inversión estatal».
Récords en todas las tasas
Los datos oficiales explican en parte la percepción de mayor presión. La mayor partida corresponde al IVA, con 979,8 millones recaudados y un crecimiento del 12,8%. Le sigue el IRPF, que suma 895,1 millones, un 15,1% más que hace un año y seis puntos por encima del promedio español, gracias al aumento del empleo, las pensiones y los rendimientos del capital. Dentro de los impuestos directos destaca el Impuesto sobre Sociedades, que reporta 234,8 millones tras dispararse un 59 % y sitúa a Málaga en la quinta plaza nacional, por delante de provincias con mayor tejido empresarial como Barcelona o Sevilla. El capítulo se completa con la Renta de No Residentes, que aporta 143 millones (+54 %), señal de la pujanza inversora extranjera.
El dinamismo fiscal guarda relación con la evolución macroeconómica. Los servicios de estudios de Unicaja y el Colegio de Economistas prevén que el PIB malagueño crezca este año entre un 2,8% y un 3,5%, hasta un punto por encima de la previsión estatal. Ese mayor ritmo de actividad se traslada al consumo interno, alimentado por la población flotante y la temporada turística, y a los beneficios empresariales, que afloran en las bases imponibles del IVA y de Sociedades. Aun así, Málaga sigue lejos de las grandes locomotoras tributarias: Madrid encabeza la lista con 62.781 millones y Barcelona aporta 22.216 millones en el semestre.
Para sellar un nuevo récord bastaría con repetir en el segundo tramo del año la recaudación ya lograda, aunque los técnicos reconocen que la estacionalidad turística concentra buena parte de los ingresos en verano y otoño. Mientras, el PP mantiene su ofensiva para que el Gobierno «alivie la presión» y reinvierta parte de la recaudación «récord» en infraestructuras pendientes. «El actual ritmo ahoga el ahorro familiar y lastrará la competitividad si no se corrigen los gravámenes más inflacionistas», ha advertido Carmona.
El Ministerio de Hacienda no había ofrecido comentarios al cierre de esta edición, si bien fuentes próximas al departamento recuerdan que la mejora de la recaudación se apoya en la creación de empleo y en «una economía que avanza por encima de la media europea», argumentos que enmarcan las cifras dentro de un contexto de crecimiento y consolidación fiscal.
Con todo, la fotografía resulta dual: la provincia confirma su condición de motor tributario, pero algunos de sus representantes políticos denuncian que ese esfuerzo no se traduce en un retorno proporcional. El debate, presión fiscal versus inversión territorial, seguirá abierto durante un segundo semestre decisivo, en el que la balanza entre ingresos y gasto público marcará el pulso entre las expectativas ciudadanas y la respuesta del Gobierno.
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