El presidente busca dar proyección a los buenos datos económicos, vender gestión, dando un protagonismo a la titular de la cartera de la que dependen también los 9,3 millones de pensionistas. Un nicho de votantes clave para que el PSOE mantenga el tipo en las próximas elecciones. Saiz fue consejera de Economía y Hacienda y portavoz entre 2019 y 2023. A día de hoy, Saiz es una absoluta desconocida para los españoles, no supera el 50% de reconocimiento ciudadano, según el CIS. Además, en un momento de auge de Vox, Sánchez lanza un mensaje colocando a quien ha tratado de frenar el discurso antiinmigración de los de Santiago Abascal.
La nueva portavoz también fue la candidata socialista a la Alcaldía de Pamplona en los comicios de municipales de 2023, una candidatura fallida que dejó al PSOE en tercera posición, por detrás de UPN y EH Bildu. Pese al rechazo inicial, los socialistas acabaron apoyando a los abertzales para hacerse con el bastón de mando, pero Saiz desembarcó en el Consejo de Ministros antes de que se materializara la entrega.
Rufián carga contra Sánchez por «ignorar» la derrota en Extremadura: «No ha anunciado a Gallardo de portavoz de milagro»
El portavoz de ERC en el Congreso critica la comparecencia de este lunes del presidente
Dentro de los claroscuros de la nueva voz del Gobierno está su vinculación con Santos Cerdán. La presunta trama de cobro de mordidas en la adjudicación de contratos de obra pública se extiende allá donde el exsecretario de Organización del PSOE ejerció su influencia. Y fue en Navarra, su cuna política, donde las investigaciones de la Guardia Civil detectan su origen.
El túnel de Belate
Unos hechos que han puesto contra las cuerdas a la presidenta del Gobierno de la Comunidad Foral, María Chivite, pero que salpican a otras figuras como la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que ejercía como consejera de Economía y Hacienda del Ejecutivo Foral entre 2022 y 2023. Se trata de un momento clave para la posterior adjudicación del desdoblamiento del túnel de Belate, la mayor obra a la que accedió Servinabar, empresa en la que tenía un 45% de participaciones Santos Cerdán, según los documentos hallados por la UCO.
Fue en septiembre del año pasado cuando, tras recabar información vía parlamentaria en un «calvario para intentar llegar a la verdad», Unión del Pueblo Navarro (UPN) presentó una denuncia señalando una serie de irregularidades que habrían conducido a que la contrata, por un valor de 76 millones de euros, recayera en enero de 2024 en la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Acciona, Construcciones Oses y Servinabar. De esta última es fundador y propietario el guipuzcoano Antxon Alonso Egurrola, constituida en el año 2015 cuando ya existía relación entre él, Koldo García y Santos Cerdán.
Tal y como denunció entonces UPN, desde el Gobierno de la Comunidad Foral se maniobró para blindar a Jesús Polo, vía presupuestos autonómicos en 2022 y 2023, la figura del funcionario que ejerció como presidente en la mesa de contratación para que no fuera jubilado. «De manera excepcional, se autoriza la permanencia en el servicio activo por encima de los 70 años de edad del personal adscrito al Departamento de Cohesión Territorial dentro de la Dirección General de Obras e Infraestructuras», se lee en una disposición adicional de este texto publicado en el BOE en enero de 2023 y cuya responsable política última era Elma Saiz. Poco después, en agosto, Saiz cesó como consejera y tras las elecciones generales adquirió la cartera ministerial que hoy ostenta.
Finalmente, en dicha mesa de contratación, pese a emitir los tres técnicos jurídicos un voto particular aduciendo irregularidades, el contrato para Servinabar salió adelante. Un trámite que desde UPN denuncian que se desniveló desde la propia presidencia de la Mesa y que, después, pese a las advertencias, no se llevó a la Junta de Contratación de Navarra. Ya en manos de la Guardia Civil, el expediente se investiga en el Parlamento de Navarra, y se ha cobrado el último mes el cese del director general de obras publicas, Pedro López Vera, tras conocerse unos sobrecostes adicionales en la obra de cerca de 6 millones de euros sin justificación.