El PSOE y sus socios aprueban con Junts y ERC leves retoques en la ponencia de la ley de amnistía
La ponencia de la comisión de Justicia del Congreso que ha abordado este jueves las enmiendas a la proposición de ley de amnistía ha aprobado las ocho modificaciones, leves y de carácter técnico, que el PSOE había pactado previamente con algunos de sus socios: Sumar, ERC, EH Bildu y BNG. Esas mismas enmiendas serán debatidas el próximo martes, día 23, ya en la comisión de Justicia al completo, antes de la que el proyecto de ley las incorpore para su aprobación definitiva por el pleno del Congreso el 30 de enero. ERC y Junts las han apoyado pese a algunas discrepancias, para que no fuesen boicoteadas por la oposición del PP y Vox. Entre esos retoques no figura ningún cambio en el capítulo de terrorismo: es decir, la ley seguirá excluyendo los delitos de terrorismo condenados “con sentencia firme”, aunque incluirá aquellos en los que no exista aún sentencia firme. En la práctica, eso permitiría amnistiar a Carles Puigdemont, Marta Rovira y varios miembros de los denominados CDR, investigados en sendas causas por supuestos delitos de terrorismo pero en una fase muy inicial del procedimiento y, por tanto, muy lejos de tener sentencia firme.
La ponencia ha durado menos de una hora. Durante la misma se ha estudiado en primer lugar el informe de la letrada de esa comisión, Piedad García-Escudero, conocido el día anterior, en el que se expresan “dudas” sobre la constitucionalidad de la ley. En concreto, la letrada alerta sobre la distinción que se hace entre delitos de terrorismo con sentencia firme o sin ella, y afirma que podría vulnerar el Derecho europeo. Los informes de los expertos letrados del Congreso son orientativos, para corregir posibles defectos jurídicos de las iniciativas legales, pero la decisión la toman los representantes políticos.
Junts y ERC habían registrado una enmienda que pedía eliminar íntegramente el párrafo referido a los delitos de terrorismo y establecer así que todos ellos fueran amnistiables, incluidos los condenados con sentencia firme. Esas enmiendas han sido rechazadas de entrada, aunque se mantienen formalmente “vivas”, en el lenguaje parlamentario, a la espera de ver si hay alguna posibilidad de negociar alguno de sus aspectos antes de la comisión de Justicia del martes 23 o incluso en el pleno del Congreso del martes 30. La idea del Gobierno y del PSOE es acelerar al máximo este proceso para que se envíe ya el proyecto final al Senado. El PP, que tiene mayoría absoluta en esa Cámara, ya ha avisado de que intentará frenar y retener allí la ley al menos durante dos meses.
El informe de la letrada de esta comisión ha provocado otro momento bastante clarificador en la sesión de la ponencia de este jueves. El portavoz de Vox ha querido aprovechar los aspectos críticos del documento, y sobre todo que su contenido no se hubiese conocido hasta la víspera de la reunión, este miércoles 17, para denunciar que podría haber sido retenido por la presidencia de la Cámara porque el texto está firmado con fecha de 10 de enero, hace más de una semana. Esa distorsión también fue cuestionada este miércoles por el PP, que pidió a la Presidencia que lo aclarase. No hizo falta esa intervención porque durante la propia ponencia de este jueves la letrada encargada, Piedad García Escudero, que lleva en las Cortes desde 1981 y es hermana del expresidente del Senado del PP, ha querido zanjar ese debate al explicar que nadie había retenido nada y que su informe se había proporcionado a todos los ponentes de la comisión en el mismo momento en que la reunión había sido convocada, como se hace siempre.
Las ocho enmiendas que han prosperado han sido las que el PSOE había negociado y cerrado en los últimos días con algunos de sus socios habituales y en especial con Sumar, ERC, EH Bildu y BNG. Esos textos habían sido pactados también con Junts, con la idea de tramitarlos todos conjuntamente, pero al final la formación de Carles Puigdemont se descolgó de ese acuerdo por su pretensión de eliminar la exclusión de los delitos de terrorismo con sentencia firme de los posibles amnistiados, una opción que podría beneficiar, entre otros, al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, fugado de la justicia y que está siendo investigado en la Audiencia Nacional por algún caso que se considera de presunto terrorismo.
En una de las ocho enmiendas patrocinadas por el PSOE, la número 43 y que revisa el artículo 4 de la ley, se clarifica que son los órganos judiciales competentes que conocen las causas los que aplicarán el levantamiento de las medidas cautelares y de las órdenes de detención de cada momento, y los que ordenarán “la inmediata puesta en libertad de las personas beneficiadas por la amnistía que se hallaran en prisión ya sea por haberse decretado su prisión provisional o en cumplimiento de condena”. En la votación de esta enmienda ERC, que sí había pactado las demás, se ha abstenido.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, presente en la ponencia, ha rechazado a la salida de la cita que se ha celebrado en el Senado que la ley de Amnistía siga su tramitación ahora ya en la comisión de Justicia del Congreso precisamente después del informe de los letrados y ha advertido de su posible inconstitucionalidad: “Lo único que se podía hacer con esta ley, tras la contundencia del informe de los letrados de esta Comisión, es parar aquí este auténtico disparate, parar aquí esta indignidad que supone que los españoles estemos viendo cómo se les entrega impunidad y cómo se genera una casta política en nuestro país a cambio de un puñado de votos que mantengan a Pedro Sánchez en el poder, ni más ni menos”. Gamarra ha denunciado que el PSOE mire hacia otro lado: “Al Partido Socialista no se le pone nada por delante cuando se trata de pagar el precio a sus socios para mantenerse en el poder”.