El Gobierno va a recurrir concretamente las leyes 17/2023 y 18/2023 de la Comunidad de Madrid, que modifican dos leyes autonómicas previas en un sentido -dice- "regresivo" para los derechos de las personas LGTBI". La primera se refiere específicamente a los derechos y la protección de las personas Trans y la segunda más genéricamente a la protección de las personas LGTBI en su conjunto.
La normativa de la Comunidad madrileña es limitante en los derechos de las personas trans, cree el Gobierno. Según ha enjuiciado hoy Redondo, lo que hace es eliminar y derogar «contenidos de protección de derechos y establecer nuevos requisitos o condiciones para su ejercicio».
Mantiene el acompañamiento psicológico que suprimió la ley estatal
Ana Redondo ha concretado también en los aspectos que se impugnan, que no es el conjunto de la ley autonómica, sino aquellos aspectos que se consideran «anticonstitucionales por ser contrarios a los derechos fundamentales o por invadir competencias del Estado». Esos aspectos son: la excepción que hace Madrid a la prohibición absoluta de las terapias de conversión permitiendo el asesoramiento psicológico o la evaluación psiquiátrica, que a menudo son formas encubiertas de este tipo de seudoterapias, dice Igualdad. En segundo lugar, también la patologización que se hace de los menores trans, al obligarles a someterse a un proceso de acompañamiento psicológico o psiquiátrico y a obtener un informe facultativo favorable como condición para iniciar un tratamiento para su transición. Hasta la ley de 2023 impulsada por Irene Montero esos dos años de evaluación psicológica eran preceptivos.
Todos estos aspectos quedan suspendidos temporalmente hasta que se resuelva el recurso en el Tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido.
«Discrimina a los trans»
En tercer lugar, también se va a recurrir la contraposición discriminatoria que hace la ley de las personas trans frente a las mujeres y niñas cuando se les permite usar espacios o equipamientos «sin menoscabo de los derechos e intimidad del resto de usuarios, especialmente de las niñas y mujeres», una opción que han defendido plataformas feministas como la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres. En este sentido, la ministra Redondo ha insistido una vez más en la defensa de la ley estatal con un principio que consideran clave: «Garantizar los derechos de las personas trans no pone en peligro los derechos de otras personas».
Por último, el Gobierno también considera que la norma de la Comunidad de Madrid invade las competencias exclusivas del Estado en materia procesal y de procedimiento administrativo al excluir a las organizaciones LGTBI de la condición de interesados en procedimientos penales y administrativos sancionadores, incluso cuando representen a una víctima o perjudicado con su permiso explícito.
La ministra de Igualdad ha destacado que la decisión de acudir al Tribunal Constitucional se adopta tras haber explorado la vía de la negociación, a través de la Comisión Bilateral, entre la Administración General del Estado y la Comunidad de Madrid. Una comisión en la que «no ha sido posible llegar a un acuerdo con la Comunidad de Madrid». Redondo ha recordado el recurso que en el mismo sentido interpuso el Defensor del Pueblo Ángel Gabilondo «alegando motivos similares».
La batalla entre Madrid y el Gobierno por la ley Trans se ha convertido en un tira y afloja constante desde que la Asamblea de Madrid votase el pasado diciembre y haciendo valer la mayoría absoluta del PP eliminar de la ley trans regional (aprobada en 2016) el concepto identidad de género. Asimismo, se fijó como requisitos que los menores deban pasar por un examen pediátrico antes de recibir tratamiento y se explicitó que la atención psicológica o las valoraciones psiquiátricas no serían muestra de discriminación. En educación se eliminaron los contenidos relativos a las personas trans de los currículos escolares también.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene también su pulso al denunciar que en la ley Trans estatal se cuelan agresores machistas y la consejera del ramo, Ana Dávila, mantuvo recientemente la reunión que había pedido a Redondo pero de la salió con la negativa rotunda de la ministra a cambiar ningún fleco de la norma. Según denuncia Madrid, varios agresores se habrían amparado en el cambio de sexo registral para solicitar acceder a los centros de víctimas donde se encuentran sus exparejas y mujeres presuntamente agredidas por ellos. Los técnicos de los registros y de las oficinas de víctimas manifestaron al Ejecutivo de Sol su "impotencia y malestar" por no poder hacer nada en estas situaciones. La ministra Redondo resolvió que "unos pocos casos" no hacen categoría y que toda ley puede tener un 99,9% de efectividad.