Telefónica cifra el ERE en 5.124 trabajadores, la tercera parte de la plantilla
Telefónica ha planteado un expediente de regulación de empleo (ERE) para 5.124 trabajadores, que afectará a sus principales filiales en España (Telefónica España, Móviles y Soluciones), según ha comunicado este lunes la dirección de la compañía a las centrales sindicales mayoritarias (UGT, CCOO y Sumados-Fetico) en la constitución de las mesas negociadoras, informaron fuentes sindicales. El número de personas que emplea Telefónica en España asciende a 20.947, aunque solo 16.000 trabajadores están bajo el paraguas del convenio colectivo, por lo que ERE afecta a cerca de un tercio de la plantilla de las citadas filiales y a una cuarta parte del total de empleados en España.
En concreto, la propuesta inicial que la empresa ha trasladado a los sindicatos es de 81 despidos en Telefónica Soluciones, de 958 en Telefónica Móviles y de 4.085 en Telefónica de España. La afectación está prevista para personas nacidas en 1968 y años anteriores, con una antigüedad mínima de 15 años. Las salidas se producirán hasta 2026. Los sindicatos demandan la voluntariedad de los despidos y confían en rebajar el número de afectados a la mitad. Asimismo, desean ligar la negociación de los despidos a la firma de un nuevo convenio colectivo ya que el actual vence el próximo 31 de diciembre.
Ambas partes tendrán ahora un mes para llegar a un acuerdo sobre el despido colectivo, que no precisa de la autorización del Ministerio de Trabajo aunque debe ir precedido de un informe de Inspección de Trabajo. Dirección y sindicatos negociarán ahora el ERE durante un mes. La próxima reunión de las mesas será el 11 de diciembre.
La última vez que Telefónica aplicó un ERE fue en 2011. El ajuste, que afectó a 6.830 empleados y se prolongó hasta 2013, provocó una gran polémica por el coste que iba a tener para el Estado pese a los cuantiosos beneficios que presentaba entonces la compañía. La repercusión en la opinión pública fue tal que motivó incluso una modificación de la ley mediante la llamada cláusula o enmienda Telefónica. Por la misma, se obligaba a las empresas con beneficios de más de 500 empleados a sufragar el coste de las prestaciones públicas por desempleo y las cotizaciones a la Seguridad Social realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en caso de ERE.
Sin coste para el Estado
Debido a esa norma y a modificaciones posteriores, el ERE no tendrá ningún coste para el Estado. Desde entonces, esta normativa ha experimentado diferentes cambios, de forma que ahora se exige esta compensación a las empresas con despidos colectivos en los que concurran estas tres circunstancias: compañías con al menos 100 trabajadores o que formen parte de grupos de empresas que empleen a ese número de trabajadores; si el ERE afecta a trabajadores de cincuenta o más años (incluyendo los despedidos de esas edades en los tres años anteriores o posteriores al inicio del despido colectivo); y en empresas que obtengan beneficios no solo en los dos años anteriores al inicio del despido colectivo, sino también en al menos dos ejercicios económicos consecutivos dentro del periodo comprendido entre el ejercicio económico anterior al inicio del ERE y los cuatro ejercicios económicos posteriores. Desde 2013, además, para determinar si el grupo ha obtenido beneficios en el ejercicio solo se tienen en cuenta los resultados obtenidos en España.
Telefónica entra de lleno en todos esos requisitos. Las tres filiales en las que va a aplicar el despido (Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones) pertenecen al grupo, obtuvieron beneficio en los últimos ejercicios (al menos ebitda positivo porque la compañía no facilita el resultado neto) y tienen más de 100 trabajadores. Así, la compañía que preside José María Álvarez-Pallete deberá incluir previsiblemente esta compensación al Tesoro para paliar los costes sociales de los despidos (prestaciones de desempleo y cotizaciones). La cuantía que deberá desembolsar se podrá calcular cuando se conozcan el número e identidades de los trabajadores de más de 50 años incluidos en el ERE. La compañía deberá realizar el abono a través de liquidaciones anuales, mediante la aplicación de un tipo porcentual (establecido en la norma), sobre la cuantía de pagos que haga el SEPE en prestaciones y subsidios de desempleo así como cotizaciones a la Seguridad Social a los trabajadores de cincuenta o más años afectados por los despidos. En el ERE de 2011, la operadora abonó al Estado en torno a 350 millones de euros.
[Noticia en elaboración. Habrá ampliación]
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