La orden ignorada de Seguridad Nacional: «No pensamos en un apagón total»
Los planes a los que estas fuentes se refieren son los planes nacionales integrados de energía y clima (PNIEC) impulsados por la hoy vicepresidenta europea, Teresa Ribera, cuando estaba al frente de Transición Ecológica. El primero de ellos es extensísimo (427 páginas) comparado con la Estrategia de seguridad energética (29 páginas) y fue aprobado el 20 de enero de 2020 para el periodo 2021-2030. Pero a ojos del Consejo de Seguridad Nacional ese documento no afrontaba una de sus grandes preocupaciones: la seguridad del suministro.
-¿Qué diferencia hay entre la Estrategia de Seguridad Nacional y la Estrategia de seguridad energética?
-La primera es el marco de referencia para la política de seguridad nacional, el responsable es Pedro Sánchez pero el Consejo de Seguridad Nacional coordina y supervisa el proceso, y el Departamento de Seguridad Nacional asesora. La segunda es el conjunto de acciones del Estado orientadas a garantizar el suministro de energía protegiéndolo frente a riesgos como apagones. Su responsable es el Comité Especializado de Seguridad Energética, cuya presidencia ostenta el titular de la secretaría de Estado de Energía, de Transición Ecológica.
-¿Por qué la Estrategia de seguridad energética vigente es de 2015?
-Porque Transición Ecológica desoyó repetidamente el mandato del Consejo de Seguridad Nacional. Este órgano señaló la necesidad de actualizar en la Estrategia de Seguridad Nacional del año 2017. Como no fue escuchado, en el ejercicio de 2020 publicó una orden para que se realizara la tarea y volvió a mandatarlo en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021, apuntando ya a las energías renovables como desafío. El Ministerio de Transición Ecológica nunca llevó a cabo la tarea.
Por ello, nueve meses después, el 6 de octubre de 2020, este órgano acordó ordenar a Transición Ecológica que actualizara la Estrategia de seguridad energética, y dio las instrucciones de cómo debía llevarse a cabo la tarea. El CSN atribuyó la responsabilidad a la presidenta del Comité Especializado de Seguridad Energética que en ese momento ocupaba la hoy vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aaegsen.
Esa orden del Consejo de Seguridad Nacional fue incluida en la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en 2021 (ya lo había estado aunque más sucintamente en la de 2017) pero en vez de acatarla, Transición Ecológica siguió sin dar su brazo a torcer e hizo una actualización del PNIEC de Teresa Ribera. El segundo plan nacional integrado de energía y clima 2023-2030 fue más extenso aún que el anterior (736 páginas) pero siguió sin responder a lo que pedía el Consejo de Seguridad Nacional: una estrategia para hacer frente a los riesgos para la seguridad del suministro, señalando ya abiertamente el desafío que supone gestionar el peso creciente de las energías renovables, como ha demostrado el apagón del lunes.
El segundo PNIEC, como ya lo fue el primero, despliega la agenda de transición ecológica del Gobierno. Es una herramienta de orientación estratégica para las políticas públicas de energía y clima, que no incluye una hoja de ruta para la protección de la seguridad del suministro. De protegernos frente a apagones tampoco se ocupó la Ley de Cambio Climático y Transición Energética ni la Estrategia de Transición Justa. Todos ellos fueron impulsados por Teresa Ribera como los pilares esenciales del Marco estratégico de energía y clima que aprobó en 2019, dos años después de que Seguridad Nacional pidiera por primera vez la actualización de la Estrategia de seguridad energética por los riesgos que ya atisbaba en 2017.
Mala gestión de las fotovoltaicas
En el momento del apagón, la energía fotovoltaica suponía un 58% del total, la eólica un 13% -el 71% entre ambas-. Mientras las centrales convencionales tienen capacidad para corregir automáticamente oscilaciones en la red, las plantas eólicas y las fotovoltaicas carecen de ella. Si éstas dos energías suponen casi tres cuartas partes del mix, las centrales convencionales son incapaces de corregir perturbaciones grandes que se producen habitualmente como, por ejemplo, la desconexión de una central de gran tamaño. Si se produce una oscilación grande y no se corrige, las fotovoltaicas, por seguridad, se desconectan automáticamente. Si su peso es de más de la mitad del mix, la red no puede resistir.
«Es incomprensible. Red Eléctrica tenía que tener estudiadas todas las probabilidades de ocurrencia de un cero energético y los mecanismos para evitar que sucedería. Aunque fuera un escenario remoto. Y también tenía que tener previstos los mecanismos para que cualquier evento pudiera ser remontable. Si hay una posibilidad entre 100.000 es indiferente. Tiene que contemplar el escenario y contemplar como lo soluciona técnicamente para que no llegue a producir lo que ha producido. El sistema eléctrico siempre tiene que estar equilibrado y esa es la labor del operador del sistema, no del Gobierno», señalan las mismas fuentes.
Con todo, y siendo la gran responsable Red Eléctrica, presidida por Beatriz Corredor, es indudable que el Ministerio de Transición Ecológica tiene su cuota de responsabilidad porque, como cada Ministerio en el ámbito de sus competencias, tiene que preparar al Estado para poder hacer frente a cualquier escenario crítico. Es lo que intentaba conseguir el Consejo de Seguridad Nacional, al que el apagón del pasado lunes ha terminado dando la razón.