En concreto, completadas las periciales sobre los once delitos fiscales por los que está acusado y practicada toda la prueba en el juicio oral, la representante de Anticorrupción Elena Lorente ha instado una condena de 53 años de prisión por la batería de ilícitos contra la Hacienda Pública que habría cometido entre 2005 y 2015. Las multas sólo por esta parte del relato acusatorio rondan los veinte millones de euros.
Respecto del delito de blanqueo de capitales que también le atribuye, insta una condena de seis años de cárcel y una multa de otros veinte millones de euros. Por último, le acusa de un delito de corrupción entre particulares por el que solicita cuatro años de prisión y dos millones y multa más.
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La defensa del exministro, mientras, ha elevado a definitivas sus conclusiones que, como las de la Fiscalía, se desarrollarán en la fase de informes, prevista ya para el 6 de mayo. Reclama una sentencia absolutoria y considera, según fuentes que cita EP, que la posición de Anticorrupción es «extrema» porque de otro modo, «se derrumba el castillo».