Los cuatro guardias civiles que sobrevivieron al ataque de una narcolancha en el puerto de Barbate (Cádiz) el pasado 9 de febrero, en el que murieron dos agentes, han declarado que apenas pudieron ver quiénes eran sus agresores más allá de advertir que uno de ellos llevaba una prenda de vestir roja o naranja.
Lo que sí aseguran sin género de dudas es que "iban a por ellos", pues hubo varias embestidas previas al ataque final, de gran violencia, que se llevó por delante la vida de dos agentes.
Según declaraciones a Canal Sur TV del portavoz de la asociación de la Guardia Civil JUCIL en Cádiz, Agustín Domínguez, los agentes se han mostrado muy afectados psicológicamente y, de hecho, a uno de ellos "la agresión le ha truncado completamente la vida".
Domínguez ha mostrado su desacuerdo con la posibilidad de que los detenidos pueden salir en libertad, después de que un informe del Instituto Armado haya determinado que la narcolancha que arrolló a los gentes era otra diferente a la que tripulaba el delincuente conocido como Kiko el Cabra. Según el portavoz de JUCIL, sobre los detenidos pesan acusaciones graves sobre narcotráfico, por lo que deberían seguir en prisión, siendo éste también el criterio de la Fiscalía.
Igualmente ha pedido que este tipo de causas puedan ser abordadas por la Audiencia Nacional y no por un juzgado pequeño como el de esta localidad gaditana.
También el abogado de una de las acusaciones, Andrés Carreño, en declaraciones recogidas por la agencia Efe, ha explicado que los supervivientes no han podido ofrecer más detalles de la identidad de los agresores, salvo esa prenda "más brillante o llamativa".
Las mujeres de los agentes también se han desplazado hoy hasta el Juzgado número 1 de Barbate para mostrar su apoyo a los guardias civiles y han reclamado que se depuren responsabilidades contra quienes dieron la orden de intervenir ante la presencia de narcolanchas en el puerto de Barbate pese a la falta de medios en ese momento para una operación de riesgo.
"Nos parece fatal que la cadena de mandos de donde partió la orden esté de celebración y los subordinados que tienen que obedecer esa fatídica orden estén declarando; es algo que no nos hace sentirnos bien", ha afirmado una mujer que no ha querido dar su nombre pero ha actuado como portavoz. Entienden que los superiores responsables de aquella intervención deberían estar apoyando a los guardias que se encuentran prestando testimonio ante el juez en calidad de testigos. "Entendemos que se deben depurar responsabilidades a todos los mandos que la tengan", han señalado en declaraciones a Onda Cero.
Asimismo, tras el giro de la investigación, piden que las autoridades competentes "pongan todos los medios materiales y humanos para detener a los autores de esos hechos y llevarlos a prisión".
Por último, lamentan que desde lo ocurrido en aquella noche de febrero "no se ha hecho nada por revertir la situación, ya que no se ha declarado a la provincia de Cádiz como Zona de Especial Singularidad, tampoco se ha reconocido la actividad de los agentes como profesión de riesgo; ni se ha reforzado la plantilla". "¿Hasta cuándo tenemos que seguir lamentando muertes innecesarias?", ha añadido.
Abogados de las acusaciones
Pablo Martín-Bejarano, abogado de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y que representa a uno de los agentes que iba en la embarcación, no cree que las declaraciones testificales de este viernes consigan sacar "nada más en claro" aparte de lo ya conocido.
"La propia Guardia Civil ha dicho que ha habido un error. La situación fue muy rápida, fueron dos minutos, de noche, ellos tampoco tuvieron la capacidad de poder ver con exactitud y precisión la embarcación que era", ha señalado en declaraciones recogidas por la agencia Efe.
Martín-Bejarano ha dicho que su cliente está "bastante afectado" y permanece de baja: "Ellos lo que quieren es no estar reviviendo continuamente esto", ha manifestado este letrado, quien cree que los guardias civiles comparecientes nunca iban a "decir nada contrario a la verdad", hubiera salido o no el nuevo informe de la UCO.
Sin planes de restituir el OCON Sur
Las declaraciones de los agentes se ha producido apenas 24 horas después de la visita a Algeciras del director general de la Guardia Civil, Leandro Marcos, quien dejó claro que el grupo OCON Sur no se va a reactivar y defendió que "en ningún caso se actuó con precipitación" tras lo acaecido en Barbate.
Marcos considera que la investigación sigue adelante y que los culpables serán detenidos. Además, respecto a las personas que se encuentran en prisión, pese a que no fueron los responsables de las muertes, recuerda que "tienen que responder de otros delitos graves", entre ellos la pertenencia a organización criminal o contra la salud pública.