Consumo quiere acabar con la renovación automática de las suscripciones a apps
La medida, que irá dentro de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, obligará a las empresas a informar con quince días de antelación
El partido que preside Carles Puigdemont ha indicado que, en la negociación con el Ejecutivo para que los siete diputados de Junts den su apoyo a la norma que regulará los servicios de atención al cliente de las grandes empresas y operadores de servicios básicos de interés general, el acuerdo con los socialistas incluye que todos los ciudadanos de Cataluña sean atendidos en catalán por parte de las grandes empresas y evitar, además, «la invasión de competencias propias de la Generalitat de Cataluña».
Aunque desde Junts no se ha informado del redactado final del acuerdo, que se materializará, en el tema lingüístico, a través de una disposición adicional de la norma, así como de diversas enmiendas que se aprobarán en la ponencia que se desarrollará en la Cámara Baja, sí han asegurado que todas las empresas estarán obligadas a formar a los trabajadores «en catalán» para que estos puedan atender a los clientes en esta lengua, indistintamente del lugar en el que se encuentre la sede la corporación.
Además, el Ejecutivo ha acordado con Junts que «las comunicaciones escritas y verbales de la empresa con el cliente también se adaptarán a la lengua elegida por este al iniciar el contacto», una decisión que, paradójicamente, muchas empresas no cumplen en Cataluña si el cliente solicita la comunicación en español, ni tampoco las instituciones públicas locales y autonómicas. Esta nueva cesión es para Junts «un cambio de paradigma» pues supone que el consumidor será atendido en catalán sin necesidad de solicitarlo.
Según la formación de Puigdemont, expresidente de la Generalitat que sigue fugado de la Justicia española desde 2017, la norma afectará a cualquier empresa de más de 250 trabajadores o que facturen al año más de 50 millones de euros, principalmente, a compañías eléctricas, compañías de suministro de gas, compañías de suministro de agua, compañías telefónicas, compañías aeronáuticas, compañías ferroviarias, compañías de transporte por bus, servicios postales, servicios de comunicación audiovisual de pago (plataformas), entidades bancarias y servicios financieros, empresas de seguros, y empresas que presten servicios públicos.