El Tribunal Superior de Madrid admite la querella del novio de Ayuso contra la Fiscalía
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra la Fiscalía por la difusión de una nota de prensa que desmentía las informaciones tergiversadas que el equipo de la política del PP estaba vertiendo sobre el ministerio público tras la apertura del procedimiento contra su pareja, actualmente imputado por fraude fiscal y falsedad documental. “Debe indagarse si se ha excedido el límite permitido penalmente en el ámbito del derecho a la información que asiste al ministerio público, al tratarse de unas diligencias penales y, por tanto, reservadas. Y, así mismo, en qué medida han podido perjudicarse los derechos constitucionalmente reconocidos al querellante”, afirman los magistrados en su resolución, fechada este martes.
La querella de González Amador se dirige contra María Pilar Rodríguez, fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid; y contra Julián Salto, el fiscal de la sección de Delitos Económicos encargado de la investigación sobre el novio de Ayuso. El tribunal abre causa contra ambos por un presunto delito de revelación de secretos cometido por un funcionario.
El origen de este caso se remonta al pasado marzo. En la noche del día 13 de dicho mes, horas después del darse a conocer la denuncia de la Fiscalía de Madrid contra González Amador por defraudar más de 350.000 euros a Hacienda y de que el equipo de Ayuso desplegase una contraofensiva, El Mundo publicó que el ministerio público le había ofrecido al novio ese mismo día un pacto por correo electrónico que después había retirado. Los populares intentaban así vender la tesis de que todo se trataría de una especie de chantaje con fines políticos. Sin embargo, esa era realmente una versión tergiversada de la realidad. Fue el abogado de González Amador quien, más de un mes antes, había tratado de alcanzar ese acuerdo por iniciativa propia, como al filo de la noche desveló la SER y, en las horas posteriores, otros medios como EL PAÍS.
Ante este contexto y ante la avalancha de peticiones de información de multitud de medios al ministerio público, la Fiscalía de Madrid emitió un comunicado en la mañana del 14 de marzo para aclarar lo ocurrido. Esa nota echaba por tierra las mentiras que el equipo de la presidenta estaba difundiendo. Y, según repite la Fiscalía, en él no se revelaba nada que no se supiera ya por la prensa. “Lo que es previamente conocido ya no es secreto”, alega el ministerio público en uno de sus escritos de defensa, después de que recibiera dos denuncias por su actuación. La primera fue impulsada por González Amador; y la segunda, por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que mantiene se revelaron datos confidenciales.