Seis detenidos por el fraude de contratos públicos relacionados con Coalición por Melilla y la compra de votos
La Policía Nacional ha detenido este martes en Melilla a seis personas por el presunto amaño de contrato menores del Gobierno de Melilla. La operación, bautizada Santiago Rusadir, afecta de lleno al partido local Coalición por Melilla, que lidera Mustafa Aberchán, y está relacionada con la investigación del supuesto robo y compra de votos por correo para las pasadas elecciones autonómicas de mayo de 2023, según ha avanzado El Confidencial y han confirmado a EL PAÍS fuentes policiales. En el operativo, se han efectuado siete registros, según ha confirmado la Policía Nacional y se investigan delitos de pertenencia a organización criminal, fraude en la contratación pública, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos.
Fuentes policiales sitúan el epicentro de la trama en el partido localista, que formó parte la pasada legislatura del Gobierno la ciudad autónoma presidido por Eduardo de Castro (que sería expulsado de Ciudadanos) y el PSOE. De hecho, en la operación del pasado mayo contra la supuesta compra masiva de votos en la ciudad autónoma se produjeron al menos diez detenciones, entre ellos la del consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana del Gobierno autónomo y número tres de la lista electoral de Coalición por Melilla (CpM), el partido de Aberchán. También fueron detenidos el yerno del propio Aberchán, y un hermano de aquel. Los arrestados fueron acusados de delito electoral y de pertenencia a grupo criminal a la espera de que la magistrada María del Carmen Perles, titular del Juzgado de Instrucción 2 de Melilla, continuara con las pesquisas judiciales.
Entonces, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dictó un decreto por el que encargaba las pesquisas a la Fiscalía Anticorrupción, y en el que apuntaba que los entonces arrestados presuntamente “conformarían una estructura organizada, con planificación previa y concertada” y que “la compra de votos se estaría financiando además con parte de los fondos obtenidos por empresas y particulares relacionadas con el partido político indicado en licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones que se habrían adjudicado durante la última legislatura en la ciudad autónoma”.
El origen de la operación fue un hecho casual: el supuesto amaño de partidos de un modesto equipo de fútbol de la ciudad que era investigado por la Policía. Durante aquellas pesquisas sobre el fraude en las apuestas deportivas que tenían como epicentro el CD Huracán Melilla, un equipo de la Tercera RFEF (el quinto escalón del fútbol español), los agentes interceptaron con orden judicial una conversación telefónica del expresidente de este equipo, Felipe Heredia Núñez, en el que este supuestamente presumía de haber conseguido más de 500 votos para Coalición por Melilla (CpM). Heredia fue uno de los detenidos en mayo por el fraude electoral y posteriormente volvió a ser arrestado por el amaño de partidos.
Aquella información se sumó a la recabada en el transcurso de otra investigación policial, en este caso sobre una red de menudeo de droga, que apuntaba a la existencia de captadores que recorrían las barriadas humildes de la ciudad autónoma en busca de personas dispuestas a vender su sufragio a cambio de cantidades que oscilaban entre los 100 y los 150 euros. Con los datos recopilados, la juez María del Carmen Perles ordenó cinco días antes de los comicios el arresto de las diez personas. Entre las subvenciones investigadas ya entonces estaba una que recibió precisamente el CD Huracán en abril supuestamente para financiar sus desplazamientos a la península a disputar partidos oficiales cuando, paradójicamente, la temporada estaba prácticamente concluida.