Los problemas de salud llevan ya a 1,89 millones de personas a dejar de buscar empleo, récord desde 2006

Los problemas de salud -física y mental- están teniendo un impacto en el mercado laboral como probablemente no lo habían tenido nunca en España. El país ya cuenta con 1,89 millones de personas que no trabaja ni busca empleo porque está en situación de enfermedad o incapacidad, un nivel no visto en los últimos 18 años, según la última Encuesta de Población Activa.

Desde el tercer trimestre de 2006 no se registraba en el país una cifra tan elevada de inactivos que no participan en el mercado laboral por esta razón. La diferencia con la situación de entonces está en que mientras en aquel momento había 1,12 millones de mujeres inactivas por enfermedad por 800.000 hombres, ahora el colectivo se divide casi a partes iguales por género: 965.400 varones y 927.600 mujeres. El 54% del total tiene 55 o más años.

A este récord, se suma ahora que un total de 61.100 personas en el país trabajan a tiempo parcial precisamente por estar enfermos, también máximo de toda la serie histórica, y que el absentismo laboral justificado, por motivos de salud, crece de manera alarmante.

Así lo demuestran los datos de horas cotizadas a la Seguridad Social, divulgados a mediados de julio y actualizados a cierre del primer trimestre, que reflejan que el número de horas cotizadas en Incapacidad Temporal (es decir, sin trabajar por enfermedad común o profesional) han subido hasta las 25,1 por trabajador. Esto sería equivalente a que todos los empleados del país hubieran estado de baja 25,1 horas entre enero y marzo por salud, frente a las 23,7 horas en media del trimestre anterior, lo que supone un incremento del 5,8% intertrimestral y del 45,8% frente al primer trimestre de 2019, el último comparable anterior a la pandemia.

Este aumento del absentismo justificado por enfermedad se refleja también en las horas efectivas de trabajo, de hecho la EPA recoge que entre abril y junio un total de 970.200 empleados no acudieron a su puesto de trabajo en la semana de referencia (la anterior a la que se realiza la encuesta) por enfermedad, en línea con el trimestre anterior y lo que supone un 85,6% más que en el mismo trimestre de 2019.

Es interesante comparar con los datos que había en el país antes del covid-19 ya que muchos expertos achacan a la pandemia un cambio estructural que ha venido para quedarse. Entre las palancas que lo han impulsado figuran factores como la propia demografía -con una población trabajadora que está de media más envejecida-, el buen comportamiento de la economía y el empleo -que brinda a los trabajadores confianza para no ir a trabajar si están enfermos sin miedo a perder su puesto-, la mayor concienciación sobre la importancia de la salud tras la pandemia o la saturación de los servicios públicos de salud, que alarga los procesos.

La preocupación es elevada tanto para el Estado -cuyos gastos en prestaciones suben-, como para las empresas -que se encuentran no sólo con más costes sino con menor capacidad productiva: si un trabajador falta, o asumen esa pérdida de producción, o dividen sus tareas entre el resto de empleados (lo que genera saturación y mal ambiente) o trata de sustituirlo (algo que muchas veces resulta complicado ante la dificultad que existe para encontrar trabajadores cualificados en muchos sectores). Pero no sólo el Estado y las empresas ven con inquietud el aumento del absentismo, los propios sindicatos reconocen que algo está sucediendo.

Por esta razón, las tres partes se han comprometido a abrir en septiembre una mesa de diálogo específica para hacer seguimiento de la evolución del absentismo en el país. Desde el Gobierno reconocen que es necesario un "seguimiento exhaustivo de lo que está sucediendo con la IT en todo el territorio y los sectores, porque en los últimos años se están observando cambios estructurales que exigen un buen conocimiento para hacer un buen diagnóstico y plantear las reformas que sean necesarias". "Esto marca un punto de inflexión porque hay una toma de conciencia de que es algo que tenemos que solucionar entre todos y tenemos que ponernos a trabajar sobre ello", añaden.

Además, han acordado medidas que creen que podrían mejorar la situación; como el refuerzo del papel de las mutuas para intentar descongestionar a los servicios públicos de salud.

"El objetivo es hacer un mejor aprovechamiento de los medios asistenciales de las mutuas en procesos traumatológicos, lo que supone no derivar procesos a las mutuas sino aprovechar su capacidad de hacer pruebas diagnósticas y poner tratamientos, bajo la supervisión en todo momento del servicio público de salud. Buscamos así que los pacientes se recuperen en el menor tiempo posible, lo que es fundamental tanto para los afectados como para las empresas, para las que la prolongación innecesaria es un problema. Además, es beneficioso para el propio sistema ya que el tiempo durante el cual se paga la prestación por IT será el que corresponde y no superior", admiten fuentes de Seguridad Social.

Pese a la preocupación local, en el Ejecutivo recuerdan que este problema es común a muchos a otros países después de la pandemia, desde Europa a Corea del Sur, con un repunte importante de enfermedades mentales.