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Hacienda descartó castigar al hermano de Ximo Puig sin contratos públicos tras descubrir que había pactado precios
La Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana, un órgano adscrito a la Generalitat, multó por ello a cuatro empresas -entre ellas, Comunicacions dels Ports- y propuso que se les vetara el acceso a contratar con las administraciones públicas durante un año y medio.
Pero el departamento que lidera la socialista María Jesús Montero rechazó dejar fuera de ese mercado a la productora de Puig, según el informe al que ha podido tener acceso ABC, fechado en julio de 2024 y que no había trascendido hasta ahora. El expediente fue archivado. Es, precisamente, el motivo por el que las productoras de Puig han seguido prestando servicios a, por ejemplo, la radiotelevisión autonómica À Punt, que fue quien dio la voz de alarma en su momento.
Aludiendo a la normativa, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado esgrime en su informe que descarta el castigo más severo porque Comunicacions dels Ports pagó la multa impuesta -16.801,7 euros- en marzo de 2021. Además, señala que la microempresa ha llevado a cabo medidas para evitar la comisión de futuras infracciones, contratando en septiembre de 2023 a una empresa que dota a la productora de un sistema interno de información, le presta asesoramiento normativo y colabora en la elaboración de documentación.
En su escrito de alegaciones, Comunicacions dels Ports defendió que esas medidas habían sido «efectivas» para evitar nuevas infracciones. «La supervivencia de la sociedad (y el futuro de sus trabajadores) depende en gran medida de los ingresos provenientes de contratos celebrados con el sector público (suponen más del 50% de los ingresos anuales)». Perder esa aptitud, apuntó, la colocaría «en una situación de insolvencia y en la obligación legal de proceder a la declaración de concurso; razón por la que la primera interesada en que no se repita la actuación que motivó la sanción impuesta (presentación de ofertas con precios similares a los de otros licitadores) es la propia sociedad».
Sanción confirmada por la Justicia
En marzo de 2023, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana confirmaba que la mercantil situada en la provincia de Castellón cometió una infracción muy grave de la ley de Defensa de la Competencia junto a otras firmas del sector, que también fueron sancionadas.
Canal Maestrat y Kriol, de los hermanos Adell Bover, tuvieron que pagar 26.103 euros, y la compañía Visualiza, otros 3.337. Las cuatro productoras pactaron los precios -las ofertas eran prácticamente idénticas para todos los lotes a licitar- con los que se presentaron a un concurso público de À Punt para realizar servicios audiovisuales en Castellón durante un año, con posibilidad de prorrogarlo otro más. En cada contrato de los que se ofertaban una empresa pujaba a la baja, así todas salían beneficiadas.
La empresa de Puig concurrió a tres de los doce lotes en los que se dividió el contrato, por un valor total de 646.000 euros, y obtuvo la adjudicación de uno de ellos, de 24.000 euros.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso entendió que en este caso había mediado «una conducta anticompetitiva denominada cártel, que implica un acuerdo entre empresas del mismo sector cuyo fin es reducir o eliminar la competencia en un determinado mercado obteniendo un poder sobre el mercado para alcanzar los mayores beneficios posibles en perjuicio de los consumidores».
Pese a que las productoras de los Adell Bover fueron descartadas y la de Puig se autoexcluyó del proceso, los magistrados del TSJ indicaron que «basta la existencia de este tipo de acuerdo para presumir su nocividad para la competencia sin necesidad de esperar a sus resultados o perjuicios».
En paralelo, Francis Puig y uno de sus socios, Juan Enrique Adell Bover, han vuelto a ser noticia en los últimos días después de que la Fiscalía Anticorrupción pida para ellos cuatro y tres años de cárcel, respectivamente, por presunta falsedad y estafa, en la causa sobre las ayudas que recibieron sus productoras de los gobiernos valenciano y catalán entre 2015 y 2018.