El Gobierno usará la mediación de la UE en la negociación con Feijóo para legitimar el diálogo con Junts: "Nos viene bien"
No es Pedro Sánchez un líder político que suela ir por el carril. Acostumbra a dar golpes de mano, giros inesperados. Pero no lo vio venir. No se lo esperaba. Ni él ni su equipo. Sorpresa mayúscula. La propuesta que ayer le realizó Alberto Núñez Feijóo de situar a la Comisión Europea como mediadora en las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) chocó al presidente del Gobierno y su equipo. «No era un formato que esperásemos», confiesan. Pero, tras el impacto inicial, rápido aceptaron, convencidos de que la apuesta mediadora del líder del PP legitima su hoja de ruta con los independentistas, en especial con Carles Puigdemont. «La mediación nos viene bien», sentencian.
«Si la fórmula para renovar el Poder Judicial es que haya un verificador, nosotros encantados», exponen fuentes gubernamentales. Tras la incredulidad inicial de muchos, e incluso la desconfianza, después de constatar que la propuesta de Feijóo efectivamente era conceder el rol de supervisor a la Comisión Europea, entienden que esta iniciativa del líder de la oposición les permite validar la mediación internacional que les impuso Carles Puigdemont, que se suma al verificador que también les obligó a pactar ERC para sus contactos. «Feijóo dijo que lo de los mediadores y verificadores no iba con él. Nos ha sorprendido, pero nos parece bien». En el PSOE hay quien incluso bromeaba sobre si era una «inocentada» o si el siguiente paso será que el PP defienda la Ley de Amnistía.
Más allá de los chascarrillos, la aceptación de la Comisión Europea como mediador entre el Gobierno y el PP permite a los socialistas presentar esta figura como un elemento más a la hora de conversar entre los partidos, persiguiendo legitimar algo insólito como que un diplomático de El Salvador tenga que verificar el diálogo entre el PSOE y Junts en reuniones fuera de España donde se aborda la gobernabilidad del país.
Sabedores de que su propuesta se presta a comparaciones, desde el PP tratan de contrarrestar este argumento exponiendo que la Comisión Europea «es una institución española, dado que la UE es depositaria de soberanía nacional».
Asimismo, frente a las reuniones clandestinas entre el PSOE y Junts en el extranjero, los populares aclaran que el sistema de trabajo propuesto pasaría por reuniones a tres en España, y por la presencia de autoridades públicas comunitarias y de perfil incontrovertible.
La desconfianza, existente aún hoy entre PSOE y Junts, llevó a Puigdemont a situar como una de las líneas rojas de su negociación el que hubiera una mediación extranjera, en su propósito de situar el «conflicto político» en un escenario internacional. Los socialistas lo rechazaban, se negaban. Pero al asumir que era una de las exigencias de los independentistas, trataron de que esa mediación recayera en figuras españolas como Miquel Roca, padre de la Constitución. Junts se negó y el PSOE tuvo que aceptar. Esa mediación internacional ha sido objeto de crítica y censura por parte del PP. En el Gobierno creen que ahora tienen un argumento para combatir sus ataques, al tiempo que esa idea de verificador se socializa más allá de como un trágala a los independentistas. De hecho, ahora se permiten hasta bromear con que ya tienen «experiencia» en mediadores internacionales.
«El PP da un primer paso. Dice que hablamos y propone una fórmula. Nosotros aceptamos», exponen fuentes del Gobierno. Sobre por qué el PP pone sobre la mesa ahora la figura de un supervisor, entienden en el equipo de Sánchez que los populares «están en un callejón sin salida» respecto al bloqueo del Poder Judicial, que suma ya más de cinco años. «Tienen que asumir que tienen que dar una solución».