El PSOE andaluz repartió empleos y sueldos a la carta a sus allegados cuando las encuestas vaticinaban un vuelco electoral en la Junta
La incautación de decenas de correos electrónicos por parte de la Guardia Civil procedentes de los ordenadores de la Faffe ha permitido constatar cómo durante años la denominada Fundación Fondo de Formación y Empleo se había utilizado como una agencia de colocación para cargos del Partido Socialista y de sus allegados que accedían así a un sueldo público "a la carta" sin tener que superar ningún tipo de prueba ni acreditar más mérito que el de tener algún familiar en la Junta o en el partido.
En el atestado elaborado por la Guardia Civil, al que ha tenido acceso EL MUNDO, se incluyen conversaciones por escrito muy reveladoras de hasta qué punto los enchufes eran la vía ordinaria de acceso a los puestos de trabajo de la Faffe y también de algunas empresas proveedoras, a las que se financiaba a través de subvenciones para hacer frente a los costes salariales de los enchufados.
"En cuanto a la selección de las personas que iban a trabajar para la Fundación, se ha encontrado una redundancia de indicios que demostrarían la existencia de contrataciones dirigidas a personas solo por el hecho de mantener vínculos de amistad, parentesco e incluso afinidad política con responsables de la Administración andaluza", afirma la Guardia Civil en un atestado que adelantó esta semana el diario Abc.
Esas prácticas se extendieron durante años pero se dispararon en 2011 días antes de que la Faffe desapareciera y de que sus empleados se integraran en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). En concreto, la empresa que auditó años después los expedientes (con el PP ya en la Junta) descubrió que, entre el 22 de febrero y el 28 de abril de 2011, la Faffe contrató a 16 personas, pese a que sólo unos días después el patronato de la fundación acordaría su disolución. Todos quedaron entonces incorporados a la plantilla de la Faffe y pasaron posteriormente a formar parte del personal del Servicio Andaluz de Empleo.
Además, esos mismos auditores comprobaron que 73 trabajadores de la Faffe recibían pluses discrecionales e injustificados, que le fueron retirados cuando llegaron al SAE pero que recuperaron en algunos casos tras pelearlos en la Justicia.
En otro atestado anterior al conocido esta semana, la Guardia Civil apuntó a la existencia de casi un centenar de empleados de la Faffe que habrían sido enchufados por su vinculación con el PSOE o con sindicatos, entre ellos se encontraba el ex alcalde de Lebrija, Antonio Torres, que está siendo juzgado en estos días por cobrar casi 500.000 euros de la Faffe pese a que nunca fue a trabajar a la fundación ni tenía despacho en ella. Otra de las personas cuyo acceso a la Faffe se investiga es Carmen Ibanco, esposa del secretario general del PSOE-A, Juan Espadas.
El miedo al vuelco electoral
El 2011 fue un año convulso en la Junta de Andalucía, con el socialista José Antonio Griñán de presidente. Todas las encuestas vaticinaban un vuelco electoral que daría el triunfo al PP de Javier Arenas y podría costarle al PSOE la pérdida del Gobierno andaluz en las elecciones que tendrían que celebrarse en marzo de 2012. Incluso el denominado Estudio General de Opinión Pública de Andalucía (Egopa) que elaboraba el Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía (Capdea) con financiación de la Junta pronosticaba una mayoría absoluta del PP (48,9 % de los votos) y una ventaja sobre el PSOE de 14,6 puntos, en su edición de julio de 2011. El vuelco era un temor con fundamento y la maquinaria del PSOE se había puesto a trabajar para salvar los muebles.
Con ese mar de fondo, el Gobierno de Griñán había puesto en marcha un proceso de reconversión de la que se conocía como la "administración paralela", un extenso catálogo de entes instrumentales en los que trabajaban miles de personas que habían accedido a un sueldo de la Junta sin atender los procedimientos fijados en la normas de acceso a la Función Pública. En virtud del conocido como "decreto del enchufismo", que luego pasó a ser la "ley del enchufismo", de la noche a la mañana, unos 20.000 trabajadores pasarían a integrarse como laborales en las agencias de la Junta de Andalucía, consolidándose como empleados públicos sin haber superado ningún proceso de selección que respetara los principios de igualdad, mérito y capacidad. La Faffe tenía unos 1.700 empleados cuando se produjo su integración en el SAE. La entrada de los 16 últimos fichajes días antes de la disolución de la fundación deja en evidencia hasta qué punto los socialistas tenían como objetivo "blindar" a cuantos más mejor ante un virtual vuelco electoral que dejara al PSOE fuera del Gobierno de la Junta. Finalmente, el PP ganó las elecciones de 2012 pero no consiguió la mayoría absoluta y el PSOE permanecería en el Gobierno otros siete años más.
Todo este contexto ayuda a entender los mecanismos internos que funcionaban en la Faffe, donde, en el atestado conocido esta semana, la Guardia Civil describe dos vías de colocación de allegados al PSOE: por un lado, los enchufes directos en la fundación y, por otro, la contratación de personas a través de empresas proveedoras, a las que se financiaba con subvenciones públicas para que pudieran costear unos salarios que se decidían a la carta. En esta última modalidad se han descubierto conversaciones para colocar a familiares en las empresas Psicas AYF SL, Anova XXI SL, Metaprint SL, Proyempleo SL, Tea-Cegos SA y Umax SL
"Son enchufes de su delegado"
En esta dirección apuntarían, por ejemplo, las conversaciones mantenidas entre Carmen Lara Pérez, gerente de la Faffe en Sevilla, Antonio Jiménez Cuenca, director de Recursos Humanos de la Fundación y María Antonia Rufo Muñoz, adjunta a la Dirección de Desarrollo. El atestado de la Guardia Civil subraya que estas personas, "siguiendo instrucciones del director general de la Faffe", tratarían de organizar la contratación laboral de dos trabajadores supuestamente vinculados de alguna manera con el delegado provincial de Empleo en Sevilla, especificando que «...tienen que entrar y no tienen perfil...». Mencionando, además, que habría que hablar con la secretaria general del SAE, a la cual se le podría decir que «...son enchufes de su delegado...». El delegado de Empleo en Sevilla era en ese momento, Antonio Rivas. "Son dos de rivas (sic)" se especifica también en el texto.
En otra conversación se pide al destinatario del mensaje: "destruye el correo después de que lo hayas utilizado", lo que demuestra la opacidad con la que se operaba de forma intencionada. "La idea es inventar un proyecto para hacer fijos a programas a algunos. El resto irán a la calle", se puede leer en otro mensaje.
Ya hay condenas por hechos similares
El caso de Umax resulta especialmente llamativo porque esta empresa ha sido ya investigada por servir de intermediaria para la contratación de una suerte de "plantilla paralela" de la Consejería de Empleo de la Junta. De hecho, el Tribunal Supremo dictó condena firme de entre 4 y 5 años de prisión para cuatro acusados, tres de ellos ex altos cargos de la Junta: el exdirector general de Trabajo, Javier Guerrero, fallecido en 2020; su sucesor en el puesto, Juan Márquez; el que fuera secretario general técnico de la Consejería, Javier Aguado; y el administrador único de Umax, Ulpiano Cuadrado.