A pesar de que durante la vista, celebrada en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), varios testigos, como el exdirector de Museos y Patrimonio de la comunidad, Josep Boya, han sostenido que ni la intención de Puig, y tampoco la de su antecesor, Santi Vila, fue desobedecer, el fiscal ha subrayado: «Parece que la intención era cumplir, lo que pasa es que no se ha cumplido». Así, ha recordado que tenían como fecha límite el 25 de julio de 2017 para devolver las piezas y no lo hicieron. «Los requerimientos judiciales están para cumplirlos, no para buscar subterfugios para dilatarlos».
El Ministerio público sostiene que existió «falta de voluntad» por parte de Puig -Vila, que hoy como testigo se ha acogido hoy a su derecho a no declarar, será enjuiciado por los mismos hechos por un juzgado penal de Barcelona- para cumplir con la decisión del juzgado de Huesca que ordenó la devolución de las obras, y cree que ahora «busca enmascarar la conducta desobediente». «Los procedimientos de ejecución no se interpretan ni se recurren, se ejecutan», ha manifestado este jueves, durante el juicio, que ha quedado visto para sentencia.
Es más, el fiscal ha apuntando que «no es la primera vez que un Ejecutivo autonómico no cumple una resolución judicial» y ha señalado que, para ello, Puig recurrió a argumentos dilatorios, como el de la «extraordinaria dificultad para el transporte» de las 44 obras. «Un grupo de guardias civiles lo llevó a cabo en 24 horas. Por tanto, dificultad, ninguna», ha reprochado.
Por su parte, el abogado de la acusación particular, en nombre del Gobierno de Aragón, ha indicado: «La Justicia se tiene que respetar, es el pilar básico de toda la democracia. Este señor es independentista, y seguro está orgullo de que no se cumpliera la sentencia». Al igual que el fiscal, el letrado ha reprochado que el Departamento de Cultura, en manos de Puig, ni siquiera se interesase por alquilar un transporte para el traslado de las obras. «No hizo nada» para su devolución, ha constatado.
Mientras que la defensa de Puig ha reclamado su absolución. Y ha ironizado: «La acusación particular ha dicho que es independentista, en ese caso, si ha sido juzgado por motivos ideológicos sería amnistiable». El abogado Jaume Alonso-Cuevillas también ha recordado que, pese a no tratarse de una causa compleja, ha tardado más de siete años en llegar a juicio, por lo que, ante una eventual condena, podría darse una rebaja de pena por dilaciones indebidas.
Cabe recordar que, aunque estaba previsto que Puig declarase por videoconferencia desde Bélgica, donde se encuentra, finalmente no ha sido posible porque las autoridades del país prohíben recurrir a la vía telemática en los juicios. Por este motivo, al considerar que el acusado había sido debidamente notificado de la fecha de la vista, el presidente de la Sala Civil y Penal, Jesús Barrientos, ha decidido celebrarlo en ausencia del exconsejero.