En dos autos emitidos este martes, la Audiencia asegura que «han de ser objeto de debate en juicio oral, sin que sea este el momento, a la vista de lo actuado en la instrucción que se ha completado, para considerar procedente el sobreseimiento instado y realizar ahora todo un análisis de lo actuado como si de una valoración probatoria se tratara». Por tanto, explica que «no se justifica el archivo del procedimiento en el juzgado de instrucción por la existencia de una duda razonable, que sí puede, sin embargo, determinar que se dicte una sentencia absolutoria».
Y destacan que «en nuestro caso existen indicios suficientes expuestos por el Auto recurrido sobre el presunto carácter delictivo de las conductas imputadas y, por tanto, la consecuencia es la de proseguir el procedimiento».
Se confirma, de esta manera, la apertura de juicio oral que se celebrará en la propia Audiencia Provincial, tras quedar sin efecto el aforamiento exprés de Miguel Ángel Gallardo, que llegó a ser diputado de la Asamblea de Extremadura tras provocar la renuncia de cinco compañeros de partido. La maniobra fue catalogada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura como fraude de ley.
El pasado mes de abril, la juez Biedma procesó a 11 personas involucradas en la contratación del hermano del presidente del Gobierno, que empezó siendo coordinador de los conservatorios, plaza que cambió su nomenclatura a la ya famosa jefatura de la Oficina de Artes Escénicas, que Sánchez no logró definir con claridad en su declaración ante la juez. La magistrada entendió en todo momento que había indicios de criminalidad suficientes para abrir juicio oral, todo tras una amplia y minuciosa fase de instrucción en la que se han tomado más de una decena de declaraciones de testigos e investigados, además de múltiple material documental recabado por la Unidad Central Operativa (UCO).
Además de la contratación del propio David Sánchez, también está en cuestión la de Luis María Carrero, en la que también, según el auto de transformación, pudo intervenir el hermano del presidente, de quien es amigo cercano: «(Carrero) habría utilizado la influencia derivada de su amistad íntima con el Sr. Sánchez para la creación y posterior acceso al puesto de Jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas». Ambos intercambiaron correos electrónicos dando por hecha su contratación antes de ser oficial.
La acusación popular –Manos Limpias, HazteOír, Liberum, Iustitia, Vox, PP y Abogados Cristianos- ya solicitó en su día tres años de prisión y la inhabilitación para David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, además de que el hermano del presidente devolviese los salarios percibidos por la Diputación pacense y asumiese una sanción que podría superar los 130.000€. Las acusaciones entienden que Sánchez sabía que el puesto de coordinador de conservatorios se había creado para él.