Imputados el número dos de Interior y el jefe de policía de Rajoy por presionar al abogado de Bárcenas
Nuevo varapalo judicial a la cúpula del Ministerio del Interior durante los gobiernos de Mariano Rajoy. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado citar a declarar como investigados al que fuera secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y al exdirector Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario Eugenio Pino, por su presunta implicación en las supuestas presiones ejercidas sobre uno de los primeros abogados de Luis Bárcenas en el caso Gürtel, Javier Gómez de Liaño, para evitar que el extesorero del PP difundiera más información sobre la corrupción del partido. La citación de ambos como imputados, pedida por el propio Gómez de Liaño y que ha contado con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, se produce después de que dos informes de la Policía Nacional incorporados a la causa detallasen la existencia de, al menos, nueve anotaciones en las agendas manuscritas del comisario jubilado José Manuel Villarejo que apuntan a que ambos presuntamente conocían estas maniobras. Las investigaciones por estas presiones, que forman la pieza 36 del macrosumario del caso Tándem, en el que se investiga la trama parapolicial en torno a Villarejo, había sido archivada por el juez, pero la Audiencia Nacional le ordenó reabrirla en febrero del año pasado.
En su resolución judicial, García Castellón detalla que, hasta el momento, ningún testigo o investigado en la causa ha señalado en su declaración directamente a Martínez o Pino por las presiones al abogado, pero añade que varias anotaciones de las agendas de Villarejo apuntan a que supuestamente estuvieron informados sobre ellas durante cerca de un año. En estas anotaciones, el comisario jubilado recogía sus gestiones para recopilar información para saber si Gómez de Liaño había recibido pagos opacos e irregulares del líder de la mafia rusa Zakhar Kalashov, del que también era defensor. Todo ello, con el presunto objetivo de presionarle para que evitar que Bárcenas ―cuya defensa asumió en julio de 2013, casi medio año después de la publicación de los papeles de Bárcenas― siguiera tirando de la manta.
En el caso del ex número dos de Interior, el auto destaca que son ocho anotaciones fechadas entre el 7 de octubre de 2013 y el 21 de agosto del año siguiente en las que se hace referencia a supuestos encuentros de Villarejo con Chisco, el apodo con el que el comisario jubilado se refería a Francisco Martínez. En ellas, el policía detallaba que en dichas reuniones había tratado de “micro a G. Liaño. Operación Kalasov”, “Sergi dice que recibe dinero Liaño en Suiza” o “propone hacer gestiones para ver si Liaño viajó a Uruguay estos días”. En el caso de Pino, que en las agendas manuscritas de Villarejo aparece como “Pin”, hay una anotación del 24 de abril de 2014 con una sucesión de nombres e iniciales, entre ellos “LB” [Luis Bárcenas] y “Liaño”.
Por todo ello, el juez concluye que la comparecencia del antiguo número dos de Interior y del exjefe de la Policía son “útiles y pertinentes” y acuerda que lo hagan como investigados por el posible “contenido incriminatorio que presumiblemente podrían tener ambas declaraciones”. En este sentido, García Castellón recuerda que Martínez y Pino están procesados en otra pieza del mismo sumario, la del llamado caso Kitchen, en la que se investiga precisamente el espionaje ilegal a Bárcenas por parte de una supuesta trama parapolicial para arrebatarle documentos comprometedores para dirigentes del PP por el supuesto cobro de sobresueldos. Por esta trama se encuentran también procesados el exministro Jorge Fernández Díaz, hombre de confianza del expresidente Rajoy; el propio Villarejo y varios comisarios y agentes de la Policía Nacional. De hecho, la pieza sobre el espionaje al extesorero y las supuestas presiones a Gómez de Liaño están conectadas, pero la Audiencia Nacional decidió crear una pieza específica para esta última, ya que cuando se inició la investigación sobre estas últimas, la instrucción del caso Kitchen se encontraba prácticamente terminada.
En el mismo auto, el juez ha rechazado llamar a declarar al que fuera director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y el abogado del Estado en excedencia Alejandro Auset, como había pedido Gómez de Liaño, al considerar que “ninguna de las declaraciones practicadas a lo largo de la instrucción y ninguno de los documentos aportados al procedimiento ha puesto de relieve algún tipo de conexión o relación” de ambos con las supuestas presiones al abogado de Bárcenas.