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El chavismo aprueba una ley para perseguir a quien sea considerado un «fascista»>
El 'fascismo' es un término muy utilizado por el oficialismo para referirse a la oposición. La semana pasada, en medio de una alocución, Nicolás Maduro calificó al partido de María Corina Machado, Vente Venezuela, como un «movimiento terrorista», «un partido fascista de extrema derecha».
La ley, que consta de 30 artículos, establece que «toda persona que solicite, invoque, promueva o ejecute acciones violentas como medio o vía para el ejercicio de los derechos políticos será sancionado con prisión de ocho a doce años e inhabilitación política por el tiempo de la condena».
Además, si los «mensajes prohibidos» son divulgados en radio y televisión, las emisoras serán castigadas con la revocatoria de la concesión para emitir al aire, mientras que se impondrán multas a medios electrónicos o impresos de hasta a 100.000 dólares.
Serán prohibidas también las reuniones o manifestaciones, así como «organizaciones políticas» donde se considere que existe una apología al fascismo.
«Esta ley contra el fascismo busca complementar la Ley de Partidos Políticos, pero busca también complementar y desarrollar (...) la ley del odio», dijo la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez al exponer el texto aprobado en primera discusión.
Activistas de derechos humanos consideran que esta ley, que será sometida a una segunda discusión antes de su sanción definitiva, implica más represión, pues «atenta contra el derecho a la manifestación y las concentraciones públicas», señaló en X el defensor de derechos humanos, Marino Alvarado.
En 2017, Maduro, cercado por protestas que dejaron más de 120 fallecidos y 1.958 heridos, propuso la «Ley contra el Odio, la convivencia pacífica y la tolerancia», que castiga con hasta 20 años de prisión a quienes sean señalados de «promover o incitar al odio».
La oposición, en tanto, denuncia que esta ley, que prohíbe la conformación de partidos políticos y organizaciones sociales señaladas de «promover el odio y la intolerancia» castiga la disidencia política. Desde comienzos de año, más de 30 personas han sido detenidas, incluyendo al equipo de campaña de María Corina, acusados de organizar atentados contra la vida de Maduro.
Según Diosdado Cabello, diputado y número dos del chavismo, «la semana que viene, Dios mediante, deberíamos estar aprobando en segunda discusión la ley que sanciona el financiamiento de estas organizaciones que reciben plata para perseguir, dar golpe de Estado y planificar asesinatos».