El PP rearma su estrategia contra el blanqueo del fraude de los ERE tras el vuelco del caso en el Constitucional
Dos meses después de que se dieran a conocer las primeras resoluciones del Tribunal Constitucional (TC) anulando las condenas del Supremo en el caso ERE, el PP quiere retomar la iniciativa en el debate político sobre la corrupción en Andalucía para evitar que los socialistas reescriban el pasado de su gestión en la Junta blanqueando políticamente el fraude masivo que permitió el desvío con fines clientelares de 690 millones de euros.
Con ese fin, el PP ha presentado una iniciativa en el Congreso -adelantada este domingo por la agencia Servimedia- con la intención de que la Cámara baja repruebe las «acciones y decisiones políticas» que hicieron posible el fraude, con independencia de si esas acciones son tipificables o no como delitos.
«El caso ERE existió, los fondos fueron utilizados indebidamente y los cargos del Gobierno andaluz habilitaron los mecanismos que facilitaron, de modo deliberado, ese fraude, con independencia de si los medios que utilizaron para ello entran o no dentro del ámbito de lo perseguible penalmente», subraya el texto de la proposición no de ley registrada en la Cámara baja y reproducido por la agencia de noticias. El PP quiere llevar así el caso al plano de las responsabilidades políticas una vez que el Constitucional ha rebajado considerablemente el alcance de las responsabilidades penales, y por más que los populares recuerdan insistentemente que la Justicia aún no ha dicho la última palabra.
El PP busca, por tanto, el reproche político del Congreso ante unos hechos demostrados que ninguna sentencia ha desmentido y que describen cómo desde la Junta de Andalucía se desactivaron todos los controles previos para permitir un reparto «arbitrario y libérrimo» -en palabras de los jueces del Supremo- de los fondos habilitados para las políticas de empleo. El desvío sistemático de los fondos dio lugar no sólo a abusos clamorosos (como la utilización de dinero público para comprar cocaína o pagar a comisionistas) sino también a la consagración de un modelo clientelar de distribución de las ayudas. Miles de empresas en crisis en la década en que funcionó el mecanismo de los ERE (2000 a 2009) no tuvieron posibilidad alguna de acceder a las ayudas porque nunca existió un procedimiento reglado, público y transparente para optar a ellas, como también quedó demostrado durante el proceso
"Cacería política"
La intervención del TC cuestionando la verdad jurídica que el Tribunal Supremo había dejado sentenciada en el caso ERE ha supuesto un jarro de agua fría para el PP, impulsor de la ofensiva judicial en la macrocausa que llegó a sentar en el banquillo y a condenar a dos ex presidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Por contra, para los socialistas en general y para los socialistas andaluces en particular, las resoluciones del TC suponen un enorme balón de oxígeno tras años arrastrando el peso de la responsabilidad por los casos de corrupción. El PSOE ha puesto en marcha en estos dos meses una maniobra de rehabilitación política de los ex altos cargos condenados y ahora exonerados, llegando a exigir al PP y a quienes señalaron a los dirigentes de la Junta durante el proceso que «pidan perdón» por lo que consideran una «cacería política».
Los populares advierten, sin embargo, que no se puede "establecer un relato fáctico alternativo sobre lo que sucedió en Andalucía en esos años: millones de euros públicos fueron gestionados sin control y fueron utilizados para fines distintos a los previstos gracias a un mecanismo diseñado y facilitado por los máximos cargos del gobierno de la Junta de Andalucía".
"Resulta preocupante que se instale una falsa percepción en la opinión pública de que estos gravísimos hechos de corrupción jamás tuvieron lugar o de que los dirigentes acusados fueron totalmente ajenos a ellos, cuando no es tal cosa que se deduce de unas sentencias que únicamente cuestionan la posibilidad de perseguir penalmente unos hechos que no se niegan», apunta el PP en el texto de la PNL. Y añade: «La controvertida procedencia o no del reproche penal a este caso no debe excluir el necesario reproche público, político, moral y ético a un modo de actuar que marcó la gestión pública en Andalucía durante años».