Uno de los casos más llamativos es el de Aragón. Desde finales de 2023 han sido varias las ocasiones en las que el Ejecutivo autonómico ha denunciado que el Gobierno de España cuela menores entre los adultos que traslada a la península desde Canarias a los programas de acogida humanitaria. El Gabinete de Pedro Sánchez está obligando a las autonomías a acoger menores por la vía de los hechos y a atender a personas que aseguran ser menores de edad cuando pisan suelo español, con cargo a sus fondos, hasta que la prueba de edad correspondiente acredite si son o no mayores de edad. Según recuerdan fuentes de la Consejería de Bienestar Social y Familia del Gobierno aragonés a ABC, la titular regional Carmen Susín ha denunciado en las Cortes de Aragón, sede del Parlamento autonómico, el «cinismo institucional» con que trata este tema Sánchez. Lo hizo en mayo de este año y, por última vez, el pasado 11 de septiembre, cuando la consejera reiteró que cumplirán las leyes a pesar de la «falta de información y las amenazas» del Ejecutivo central.
Mientras lo hace, el Gobierno de Aragón mantiene sus recursos judiciales abiertos ante el Tribunal Constitucional contra los dos decretos aprobados por la Moncloa para el reparto, el del pasado mes de marzo y de julio. Aragón está obligada, en base a ese decreto, a la acogida de 251 menores, para lo que se han buscado y adaptado espacios, pero denuncia «la falta total de información sobre los menores» que deben ser acogidos. Hasta la fecha, el Ejecutivo de Jorge Azcón ha recibido los expedientes de 26 menores (8 de Canarias, 12 de Ceuta y 6 de Melilla) que serán trasladados a las tres provincias aragonesas.
El Gobierno de Aragón lleva meses quejándose del fondo y las formas. Ha sido muy beligerante contra el sistema impuesto por Sánchez para aliviar la situación de Canarias, por cuanto no les ofrecen desde Madrid la información que permita una «acogida digna» a los menores: ni sus características personales, ni su procedencia o idioma materno, tampoco su situación administrativa. En esa opacidad que denuncian, además de la «invasión de competencias autonómicas» que ejecuta el Estado, Aragón indica que un número significativo de menas llegan a la comunidad por otras vías a un sistema que lleva años tensionado: «Llegan muchísimos, el goteo es diario, los traen sus padres y los dejan en las puertas de los centros y las comisarías», afirmó la consejera del ramo este septiembre. Otros llegan a Aragón «camuflados» entre adultos y hay casos de «adultos que se declaran menores» y cuya acogida es obligatoria para las comunidades hasta que se les realicen las pruebas de determinación de edad y la Fiscalía emita el decreto correspondiente. Al menos se tiene constancia de diecinueve mayores de edad camuflados entre menores que han llegado a suelo aragonés durante este año 2025, hasta el pasado 3 de septiembre, y a los que se ha conseguido determinar la edad a partir de las exploraciones realizadas por los servicios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón (IMLA).
«Por la puerta de atrás»
En Galicia, hace semanas que la Xunta detectó que el Gobierno estaba preparando el traslado a la comunidad de, por lo menos, 15 de los alrededor de mil jóvenes solicitantes de asilo que el Tribunal Supremo obligó al Estado a tutelar. La Administración gallega no recibió ningún aviso por parte de la Moncloa y tuvo que enterarse «por la puerta de atrás», a través de sus propios canales de información. Por el contrario, la Xunta sí ha recibido las primeras notificaciones de los menores extranjeros que va a recibir a raíz del «reparto forzoso» pactado por Sánchez con Junts y el resto de sus socios habituales. Y desde el Ejecutivo autonómico han advertido que todos ellos presentan perfiles muy similares: son varones de diecisiete años, algunos a pocos meses de cumplir la mayoría de edad. Las mismas fuentes reconocen que la información revelada por ABC les genera inquietud. De momento, a Galicia no ha llegado ninguno de estos menores, pero avanzan que están «estudiando todos los expedientes» para evitar irregularidades, informa Alejandro Gesto.
Desde la Generalitat Valenciana remarcan la preocupación ya existente por el desbordamiento de los sistemas de acogida
En el caso de Baleares, el Gobierno presidido por Marga Prohens insiste en su «estrategia judicial» para evitar la llegada de menores procedentes de otras regiones a las islas. El Govern ha presentado varios recursos ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional en contra del reparto ordenado por el Ejecutivo. El equipo de Prohens considera que con la cantidad de menores que tienen actualmente bajo su tutela, teniendo en cuenta además los que llegan de forma constante a las islas por vía marítima, Baleares debería quedar excluida del reparto ordinario. El Ministerio de Juventud e Infancia, sin embargo, rechazó su solicitud de contingencia migratoria. Además, explican fuentes del Gobierno balear, la Consejería de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, en el marco de un convenio con los consejos insulares y la fiscalía de menores, «se reforzarán» este tipo de pruebas de edad óseas con una de complementaria a través de una radiografía dental.
Según informa Toni Jiménez, desde la Generalitat Valenciana ponen el foco en la necesidad de que se realice la prueba de edad en origen para evitar que menores convivan en centros con mayores y viceversa. A mediados de septiembre, el Gobierno autonómico de Carlos Mazón –que alegó contra los 571 traslados previstos desde Canarias– ya manifestó su preocupación por el desbordamiento del sistema de protección de menores valenciano ante el incremento de llegadas. «Estamos teniendo un ritmo de entrada de aproximadamente veinte menores cada ocho días. Algo inusual», explicó la vicepresidenta primera, Susana Camarero. En esa línea, fuentes de la Generalitat explican a ABC que desde hace semanas se está registrando un número importante de menores extranjeros que se presentan en comisarías valencianas para informar de su condición. Son, en su mayoría, procedentes de Somalia, Senegal, Gambia o Guinea, por lo que se descarta que hayan llegado en patera o ferry, como ocurre en aquellos que provienen de Marruecos y Argelia. Sospechan que se trata de menores que se integran en los cupos de adultos cuando son trasladados a la península.
Algunas autonomías como Baleares reforzarán las pruebas de edad con otras complementarias como las radiografías dentales
En Extremadura, según informa Adrián García, comunidad adonde iba a ser reubicado un menor migrante que resultó ser mayor de edad, se ha puesto de manifiesto la caótica gestión migratoria y la falta de comunicación e información por parte del Gobierno. Es la Consejería de Salud y Servicios Sociales extremeña la que identifica una «discrepancia» entre la edad real y la que dice tener el «menor». Fuentes del Ejecutivo autonómico lamentan que todavía no se haya producido una comunicación oficial por parte del propio Gobierno o, en su defecto, de la delegación del Ejecutivo en Canarias. A la Junta, oficialmente, nadie le ha comunicado que el traslado quedase anulado. Las mismas fuentes echan en falta «rigor y garantías» en la gestión de la crisis migratoria. Insisten y recalcan que están abiertos «a colaborar con la acogida», pero siempre priorizando «el interés del menor» y evitando estos «errores» en los traslados.
En la Junta de Castilla y León se amparan en el propio procedimiento para asegurar que los menores que se acogen cumplen esa condición. De hecho, fuentes de la Consejería de Familia apuntan a que cuando se notifica una llegada «se preparan las alegaciones correspondientes en función de la información que venga detallada en su expediente». Es decir, si se considera que no se cumplen los requisitos, se responde en contra de ese traslado. Además, en caso de que no conste en su expediente, «se reclama siempre la acreditación de que se han iniciado los trámites de repatriación del menor, así como la justificación de que han comenzado las gestiones para la determinación de su edad y el cambio de tutela del menor, que pasaría a la Administración autonómica», informa Montse Serrador.