En la sentencia de conformidad dictada 'in voce' durante el juicio celebrado este lunes, a la que ha tenido acceso ABC, los procesados han reconocido los hechos de los que venía acusados. El fallo considera como probado que a partir del primer trimestre del año 2018, la 'madame' -condenada a dos años de prisión- regentaba en el piso en una calle de Ciudad Jardín, un lugar destinado a la prostitución, con al menos siete súbditas extranjeras.
Para ello contactaba con distintas mujeres de diferentes nacionalidades, a las que obligaba a ejercer la prostitución, aprovechándose de su situación irregular en España, para someterlas a duras condiciones de trabajo y restricciones a su libertad de movimientos dado que controlaba la hora de llegada, enfureciéndose si no cumplían el horario.
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De este modo, la acusada «les exigía que estuvieran continuamente pendientes del teléfono para atender a los clientes, y les instaba a que mantuvieran relaciones sexuales con usuarios que requerían no ponerse ningún medio de protección porque así pagaban más».
Frecuentemente, según el fallo, el acusado -policía nacional jubilado- visitaba el piso, reconociendo que mantenía una relación cordial con la acusada y «era conocedor del ejercicio de la prostitución en esa vivienda, pero, según la sentencia de conformidad, no ha quedado acreditado que participara en el negocio, más allá de prestar en muchas ocasiones a las mujeres que trabajaban en el inmueble préstamos a un interés desmedido».
El pasaporte como fianza
El acusado se dedicaba a prestar dinero preferentemente a los ciudadanos extranjeros, exigiendo como fianza en la mayoría de las ocasiones el pasaporte para que no pudieran abandonar la ciudad. En el caso de que no abonaran el importe puntualmente, llamaba insistentemente y les advertían «que iban a ir a buscarlos», llegando incluso a indicarle el 20 de junio de 2019 a una prestataria ante su morosidad, «que iban a ir a buscarla y que le iban a cortar la mano, que tenían su dirección».
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Frecuentemente, según consta en el fallo judicial, un grupo de individuos colaboraba con el acusado y se encargaban de acudir a los domicilios y a los centros de trabajo de los prestatarios e insistirles con agresividad a fin de que abonaran la deuda con los intereses, e incluso en ocasiones, si no atendían los pagos, materializaban sus advertencias llegando a deteriorar los bienes de los clientes.
Asimismo, en mayo del año 2018, el acusado le prestó a un individuo 500 euros, exigiéndole cinco euros diarios de intereses hasta el completo pago. Con posterioridad, y debido que el prestatario comenzó a retrasarse en los pagos, el acusado comenzó a hostigarlo por teléfono, y le manifestó el día 20 de junio de 2019 «que tenía dinero y cojones para mandarle a siete gitanos y que iban a meterle fuego al negocio de su jefe, a su casa y a lo que hiciera falta, y que no se andaba con chiquitas».
Le iba a meter fuego a su casa
De igual modo, repitió poco después que «le dijera a su madre que no podía darle dinero porque un tipo le iba a meter fuego a la casa, advirtiéndole también que iba a acabar malamente, terminando con el aviso de que esperaba no tener que mandar a nadie a cobrarle, porque la gente que iba a cobrar no tenía tanta comprensión como él».
El acusado llegó a personarse también en varias ocasiones en su trabajo para exigirle la deuda, lo cual hizo que este deudor se atemorizara. Además, el día 22 de junio de 2019, el acusado mandó a uno de los encargados de asustar a los clientes y de exigirles el pago, -otro de los condenados-, el cual llegó al lavadero de coches en el que trabajaba este deudor y le manifestó que pagase la deuda o si no le iba a pasar algo.
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Con posterioridad otro de los acusados llamó al policía nacional jubilado para comentarle lo sucedido y manifestarle que le daría la dirección de su suegra y de su novia para que ellas se hicieran cargo de la deuda si él finalmente no pagaba. En el año 2017, el ex agente también prestó la cantidad de 1.600 euros a otro inmigrante, el cual tampoco pudo hacer frente al pago de la deuda, por lo que en el mes de febrero de 2019 el acusado se presentó en su casa, y a través de la ventana, le dijo que ya vendrían a su casa para buscarle, por lo que se asustó mucho.
Más adelante, al mes siguiente, se presentaron en la mencionada vivienda dos acusados, mandados por el ex policía- los cuales le exigieron el pago de la deuda de manera agresiva y trataron de amedrentar a este deudor y a su pareja, a la que llamaron «gonorreas e hijoputas», con la finalidad de asustarlos. Con posterioridad, entre las 18.00 horas y las 6.00 horas del día 19 de junio uno o varios de los acusados, con pleno acuerdo de todos, salvo la acusada que regentaba el piso dedicado a la prostitución, se dirigieron al coche del deudor y le rajaron tres ruedas, le introdujeron azúcar en el depósito de gasolina y le pisaron el techo.
Encargada de buscar enseres de los deudores
Por otra parte, otro de los acusados acudió de nuevo al domicilio de este deudor para insistirle en el pago de la deuda, el cual fue advertido por el acusado de que el cliente tenía un coche al que se le podía meter fuego, y por otro lado, también participaba la segunda acusada, que colaboraba con el prestamista en la localización de enseres de los deudores.
De este modo, este Juzgado de lo Penal de Córdoba ha condena a la mujer que regentaba el piso dedicado a la prostitución de Ciudad Jardín a dos años de prisión por un delito de prostitución, al Policía Nacional jubilado a seis meses de prisión y multa; así como a los otro cinco acusados a diferentes penas de multa por delitos de amenazas y leve de daños.
Por último, el Ministerio de Interior ha abierto un expediente a este jubilado del Cuerpo Nacional de Policía tras su condena por estos hechos, según ha podido constatar ABC.