El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número cinco de Castilla y León, con sede en Salamanca y que ya autorizó a mediados del pasado mes de junio un permiso inicial de cuatro días concedido por Instituciones Penitenciarias a Cabezuelo, quien ya ha disfrutado de tales días fuera de la prisión donde cumple su pena; ha avalado recientemente un segundo permiso también de cuatro días de duración, cuyas fechas concretas solicitará este interno para hacer uso del mismo, según han confirmado a ABC fuentes judiciales.
Se trata de una medida de obligada comunicación a la representación judicial de la víctima, que no obstante no contaría con capacidad de impugnación al tratarse este trámite penitenciario de un procedimiento distinto a la causa judicial por la que cumple condena Cabezuelo.
Lo habitual en materia de permisos penitenciarios es que el juzgado de vigilancia los organice en una primera salida de tres días seguida de una segunda de seis, si bien cuando se trata de internos con lugares de residencia ajenos a la provincia de la cárcel donde cumplen condena la disposición es de un permiso inicial de cuatro días y la posterior concesión de siete jornadas más fuera del centro penitenciario.
Pendiente de concretar la fecha
Empero, en este caso el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número cinco ha optado por autorizar a Cabezuelo una primera salida de cuatro días ya efectuada y esta segunda por el mismo número de jornadas, cuyas fechas habrá de concretar el interno.
Cabezuelo, recordémoslo, fue condenado a 15 años de cárcel por la violación grupal de los Sanfermines de 2016, pesando además sobre él una condena a tres años y tres meses más de cárcel por un delito contra la intimidad derivado de las imágenes que tomó de tales hechos, a un año y medio adicional de prisión por la agresión sexual previa de Pozoblanco y a una última condena por un delito de lesiones.
En total, las penas impuestas a Alfonso Jesús Cabezuelo suman 22 años de prisión, tratándose del miembro de La Manada que más años de cárcel afronta.
A la hora del primer permiso fue tenido en cuenta que Cabezuelo reunía una serie de requisitos estipulados para este beneficio penitenciario, como el cumplimiento previo de una cuarta parte de su pena de prisión, extremo alcanzado por el interno el 1 de enero de 2023 con relación a su condena en conjunto a 22 años de prisión, de los que a día de hoy ha cumplido ocho.
Su primera solicitud para acceder al beneficio penitenciario venía además avalada por el informe de la junta de tratamiento y de la propia Fiscalía, sobre el cumplimiento de las condiciones necesarias.
Los evaluadores de la junta de tratamiento de la prisión, en un informe aprobado por mayoría según las citadas fuentes judiciales, calificaban de «irreprochable» la conducta penitenciaria, exponiendo que Cabezuelo ha asumido los hechos que cometió, no está «prisionizado» al no haber adoptado la cultura de la prisión, lo que no dificultad su vuelta a la sociedad; ha finalizado un grado de Psicología y ha iniciado otro de Sociología; al tiempo que ha realizado varios programas terapéuticos y cursos, como el de control de agresión sexual de forma individual o en forma grupal, y nuevas masculinidades, todos con buen desarrollo y evolución.
Pesa igualmente en su caso el pago de las responsabilidades civiles, porque de las tres que tenía impuestas ha satisfecho una en su integridad y las otras dos en parte, habiendo abonado ya más de 50.000 euros en total, entre lo entregado directamente y la casa que la Justicia le embargó para resarcir a la víctima, que estaba valorada en más de 30.000 euros.
Del mismo modo, el informe técnico sobre su primera solicitud de permiso penitenciario consideraba como muy bajas las posibilidades de quebrantamiento de permisos de salida por parte del interno, contando aquella salida inicial de cuatro días con la obligación diaria de su personación en sede policial como medida de garantía.
En septiembre de 2023, Alfonso Jesús Cabezuelo difundía una carta abierta ante la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) de rebajar de 15 a 14 años la pena de cárcel del también miembro de La Manada Ángel Boza por la mencionada agresión sexual grupal de los Sanfermines de 2016, por aplicación de la Ley 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, la controvertida ley del «sólo sí es sí», dada la unificación de los delitos de abuso y agresión sexual en un solo tipo y la máxima legislativa de que ante una colisión entre dos normas penales de vigencia temporal diferente, debe aplicarse la pena más favorable al reo.
Cumplir la pena completa
En un marco en el que otros dos miembros de La Manada, en concreto José Ángel Prenda y Jesús Escudero; obtuvieron igualmente la misma reducción de pena de 15 a 14 años de prisión en sus condenas por los hechos de Pamplona por aplicación de dicha ley, Cabezuelo enfatizaba en su carta que su «deseo es cumplir la pena» de 15 años de cárcel que se le impuso por la agresión sexual de los Sanfermines «en los propios términos en los que se dictó la sentencia y alcanzar la reinserción», una empresa en la que según sus palabras está «férreamente comprometido».
«No es mi intención participar, ni personalmente ni, menos aún a través de ningún profesional que no se encuentre habilitado para ello por mí, en ningún tipo de foro o debate mediático que sólo pueda causar más daño del que ya ocasioné», aseveraba Cabezuelo en aquella carta, precisando que el abogado Agustín Martínez Becerra, solicitante de las mencionadas reducciones de condena, no le representa desde hace años.