Renfe presentará pérdidas en 2023 por la guerra de precios con Ouigo e Iryo
La operadora pública asegura que se muestra neutral en la opa húngara a Talgo, su mayor proveedor de trenes
La operación deberán autorizarla distintas administraciones y reguladores de varios países europeos y extracomunitarios. Hasta seis autoridades de competencia (Serbia, Albania, Egipto...), también la Comisión Europea, las autoridades danesas por el régimen de inversiones... aunque la fundamental y que más polvareda ha levantado es la autorización que requiere del Gobierno español. De nada han servido las amenazas de veto que ha dedicado el Ejecutivo a los húngaros, que han seguido adelante con la opa.
El escudo antiopas que el Ejecutivo levantó en 2020 con motivo del Covid-19, para evitar que fondos oportunistas comprar empresas estratégicas nacionales a precio de ganga, se convirtió en permanente en 2023. Y el Gobierno ha venido utilizando esta normativa a discreción para inmiscuirse en las principales operaciones corporativas que se desarrollan en el país.
En el caso de Talgo, La Moncloa ha declarado a la empresa ferroviaria como estratégica y exige a los húngaros solicitar el beneplácito público antes de poder consumar la adquisición. La opa, cuyo oferente es el consorcio Ganz-Mavag Europe Zrt, en el que está integrado el Estado húngaro, puede presentarse, pero en ningún caso podrán entrar en Talgo si no reciben el 'OK' del Gobierno.
«El 22 de marzo de 2024, el oferente solicitó ante la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones la autorización del Consejo de Ministros a la inversión extranjera directa en Talgo por parte del oferente», han comunicado los húngaros. Desde esa fecha, en teoría el Ejecutivo dispone de tres meses para aprobar o rechazar la operación.
La disposición del Gobierno a esta operación no es la esperada por el consorcio húngaro. Desde el inicio, el Ejecutivo se ha encargado de transmitir su rechazo a la compra de Talgo por parte de un consorcio sobre el que han surgido dudas sobre la procedencia de su dinero desde el inicio.
Por una parte se encuentra el Estado húngaro y, por otra, Magyar Vagon, que es quien lidera la opa. Las dudas, en este caso, se encuentran en las sospechas de que pudiera haber capital o lazos con Rusia, dados los vínculos tanto del primer ministro húngaro como de la propia Magyar Vagon y filiales en momentos pasados con Rusia. La banca ha analizado la operación precisamente por este riesgo, pero finalmente no ha presentado pegas al respecto.
En el Gobierno esas dudas también han generado un rechazo inicial a la operación, llegando a reconocer el ministro de Transportes, Óscar Puente, fuera de micrófonos, que harían lo posible por vetar la opa. Aunque más adelante La Moncloa ha ido rebajando el tono, lo cierto es que en el Ejecutivo no ven con buenas ojos esta operación.