El Tribunal Administrativo del Deporte inhabilita dos años a Pedro Rocha, presidente de la Federación Española de Fútbol

El TAD investigaba un abuso de la autoridad por parte de Pedro Rocha al tomar este una serie de decisiones como presidente de la Comisión Gestora de la federación, después de la dimisión de Luis Rubiales, que no le correspondían por su condición de interino. Esos hechos probados son: cesar al secretario general de la RFEF, Andreu Camps; rescindir el contrato con GC Legal, el despacho de abogados de Tomás González Cueto, entonces mano derecha del expresidente Luis Rubiales; y personarse como acusación particular en el juzgado de Majadahonda en la causa derivada de la llamada Operación Brodie –de corrupción en los negocios, administración desleal y pertenencia a organización criminal–, que también afecta al propio Rocha, imputado al igual Rubiales o González Cueto.