La Audiencia de Sevilla reduce a la mitad la pena de cárcel a los cinco hermanos condenados por la extracción de agua de Doñana
El juzgado de lo Penal 14 de Sevilla impuso a los cinco hermanos tres años y cinco meses de prisión y al pago de una indemnización de casi dos millones de euros a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) por delitos contra el medio ambiente y daños. Los abogados de los cinco hermanos recurrieron el fallo y la Audiencia ha estimado parcialmente sus recursos, apreciando la atenuante de dilaciones indebidas. La pena se ha reducido ahora a un año y diez días.
Los hechos enjuiciados se centran en el lustro 2008-2013. En dichos terrenos esta familia explotaban cultivos como arroz y algodón. Contaban con una autorización de aprovechamiento de aguas para riego en la zona al norte del caño Guadiamar. Las tierras se asentaban sobre el acuífero denominado Almonte-Marismas.
La explotación tenía reconocido un volumen máximo anual de 3,4 millones de metros cúbicos de agua para una superficie de riego de 456 hectáreas, con una limitación, además, en el número de pozos que podían abrirse en superficie. En el lustro investigado, la familia fue sancionado unas doce veces por captación ilegal de agua, pero esto no los frenó. Para ambos tribunales, los cinco acusados, «teniendo plena conciencia de la protección legal y el valor ambiental del espacio de su propiedad», pero incumplieron «de forma deliberada las condiciones establecidas por el organismo de cuenca».
La Justicia reprocha la «indiferencia» mostrada por los procesados ante el «perjuicio que causaban al acuífero y con ello a la colectividad». En la sentencia de la Audiencia, facilitada por la oficina del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se recoge, como ya hiciera el juez de lo Penal, cada uno de los expedientes sancionadores. El primero fue en 1997 y el último en 2008. Esto es, «a pesar de las advertencias y sanciones impuestas por la CHG, los acusados continuaron con su actividad».
Los condenados extrajeron anualmente, durante los cinco años analizados, el doble de lo que tenían asignado en cada ejercicio. Por ejemplo, en 2009 se cifró un exceso estimado de entre 3,4 y 4,2 millones de metros cúbicos. La indemnización impuesta de 1.967.671 euros es la cuantía del daño que ocasionaron al dominio público hidráulico.