Cae una red de blanqueo y "banca clandestina" dirigida por refugiados ucranianos en España que producía tres millones semanales
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha destapado una «enorme» red de blanqueo de capitales de todo tipo de delitos procedentes del crimen organizado formada principalmente por refugiados ucranianos en España. Las se construían sobre las facilidades de la Unión Europea para transferir fondos fuera de la zona de conflicto que se puso en marcha desde el inicio de la guerra en febrero de 2022 .
La Guardia Civil ha desarrollado su operación bajo la coordinación de Europol y Eurojust contra una red de "banca clandestina". La operación, ha permitido intervenir 27 millones de euros en criptomonedas y más de ocho millones en efectivo tras una investigación que se ha saldado con 23 detenidos, 20 de ellos en España, uno en Francia y dos en Eslovenia.
Según la agencia europea Europol, la red criminal estaba formada principalmente por ucranianos que supuestamente habrían abusado del estatus temporal de la UE concedido a refugiados de este país desde 2022 por la guerra iniciada por Rusia. De esta forma, consiguieron trasladar el dinero en efectivo declarándolo como parte de su propio patrimonio.
También hay armenios, azerbaiyanos o kazajos entre los investigados por formar parte de "servicios de mensajería de efectivo y banca clandestina a otras redes criminales", según ha informado Europol.
La red se servía también de ciudadanos chinos, encargados presuntamente del lavado de dinero para otros actores criminales de habla rusa y asiáticos involucrados en el tráfico de drogas, la evasión fiscal o el contrabando de bienes ilícitos.
La Guardia Civil ha informado, por su parte, de que la investigación se inició a mediados de 2023, gracias a la identificación de actuaciones consideradas sospechosas en aeropuertos españoles en el marco de las labores de prevención de la Guardia Civil como Resguardo Fiscal del Estado, a través de su Jefatura Fiscal y de Fronteras.
La organización prestaba un servicio de blanqueo de capitales "a gran escala" utilizando para ello la compensación a través de criptomonedas del "dinero sucio" generado por las actividades de otras organizaciones criminales.
Este grupo realizaba una "compra" del dinero en efectivo obtenido de forma ilícita, compensándolo mediante transacciones en criptomoneda, a cambio de una comisión cobrada que oscilaba entre el 2% y el 3%, según detalla el Instituto Armado.
La organización conseguía mantener saldo estable en las billeteras empleadas, garantizando una cadencia de entre cuatro y seis operaciones semanales, con un flujo de tres millones de euros a la semana.
Al principio, el dinero era extraído del país en vuelos comerciales, clandestinamente o amparándose su transporte en declaraciones de movimiento de medios de pago, siendo Chipre el principal destino. Posteriormente, optaron por los transportes por carretera para la "venta" de ese dinero tanto en España como en países vecinos como Francia y Portugal.
La Guardia Civil ha detectado las entregas de efectivo en diferentes provincias españolas como Madrid, Barcelona, Málaga, Castellón, Valencia y Alicante, así como en Chipre, Francia y Portugal, gracias a un entramado criminal que compuesto por al menos 52 miembros.
La red distribuía productos falsificados en establecimientos situados en diferentes puntos de España como Badalona (Barcelona) y Manises (Valencia), aunque desde el Instituto Armado se asegura que era a una localidad cercana a Madrid donde se ubican la mayoría de locales involucrados en el entramado.
La operación ha estado dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de El Prat de Llobregat (Barcelona). Se han practicado 90 registros, 77 de ellos en España, contando con la colaboración de otros organismos como la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la AEAT, el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), la Oficina SIRENE España y la Secretaría General del Tesoro, así como analistas y especialistas en criptomoneda de Europol.