El Colegio de Abogados de Madrid sale en defensa de la pareja de Ayuso que admitió ser un defraudador fiscal
El Colegio de Abogados de Madrid ha amenazado con tomar “las medidas pertinentes” el próximo lunes ante lo que considera una revelación de datos “de extrema gravedad” por parte de la Fiscalía Provincial de Madrid relacionados con el contribuyente Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, desde la primavera de 2021. González Amador intentó presuntamente engañar a la Agencia Tributaria al imputarse unos supuestos gastos basados en facturas falsas y en servicios nunca prestados. De esta manera, pretendió ahorrarse 350.000 euros en los ejercicios de 2020 y 2021, cuando sus empresas sextuplicaron sus ingresos gracias a la mediación en la compra de mascarillas durante la pandemia.
El jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, reveló el pasado miércoles por la noche un correo electrónico que el fiscal Julián Salto, encargado de todo el caso relacionado con los delitos fiscales de González Amador, envió al abogado para comunicarle que ya había presentado la denuncia contra su cliente en el juzgado y, por tanto, podía acogerse a un acuerdo para reducir la pena que le correspondía.
Resumen de la locura de hoy: la fiscalía ofrece por email un acuerdo al sr. González; antes de que pueda responder, las misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes "de arriba" para que no haya acuerdo y, entonces, vayan a juicio.
— MÁR (@marodriguezb) March 13, 2024
El propio Miguel Ángel Rodríguez denunció horas después, a través de las redes sociales, que el fiscal Julián Salto recibió “órdenes de arriba” y retiró esa propuesta de acuerdo. Cuando la noche del pasado miércoles, los medios de comunicación quisieron conocer si la denuncia del jefe de gabinete de Ayuso era cierta, la Fiscalía Provincial de Madrid evitó contestar. Pero, al día siguiente, emitió una nota en la que detallaba todo el procedimiento relacionado con los hechos, en la que informaba sobre un correo electrónico del pasado febrero, en el que el abogado de Alberto González Amador admitía en nombre de su cliente la comisión de los dos delitos fiscales y anunciaba su intención de llegar a un acuerdo para resarcir el daño y, así, acogerse a una reducción de la pena en dos grados.
El Colegio de Abogados de Madrid, cuyo decano es Eugenio Ribón, ha convertido ahora el caso del fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en una causa contra la Fiscalía de Madrid por una supuesta revelación de secretos, sin aclarar en su nota si también tomará medidas contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el primer protagonista de la filtración de un correo electrónico, el último, entre el abogado de González y el fiscal Salto. Este órgano recuerda en su nota que el Estatuto de la Abogacía establece “sin paliativos, el deber y el derecho de los abogados a mantener en secreto todas las comunicaciones y propuestas relacionadas con el ejercicio de su profesión, garantizando así la confianza y la protección de los derechos de sus defendidos”.
Sin embargo, en el comunicado nada dice acerca de la filtración del primer correo conocido en relación con este caso, que difunde el jefe de gabinete de Ayuso la noche del miércoles, con el añadido de acusar a la Fiscalía de ordenar retirar la oferta de acuerdo, algo que se demostró falso gracias a la información facilitada, un día después, por la Fiscalía de Madrid.
El Colegio de Abogados sigue explicando que “la divulgación de cualquier información relacionada con las posiciones o estrategias legales de las partes, sin un acuerdo de conformidad formalizado, constituye una vulneración de estos principios básicos de sigilo, confianza y buena fe, y pone en riesgo la neutralidad que debe caracterizar la actuación del ministerio fiscal”. Nada dice de que el abogado de González Amador facilitase al Gobierno de Madrid, y este trasladase a los medios de comunicación, uno de los correos que se cruzó con la Fiscalía.
El decano del colegio de Abogados, Eugenio Ribón, se puso el jueves en contacto con la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, para expresarle su protesta por la información facilitada a los periodistas para aclarar si la denuncia del Gobierno regional era cierta. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se reunirá este viernes con Ribón para tratar este asunto.