El PSOE pide una comisión de investigación de los contratos de emergencia del SAS tras la pandemia
«Si todo es legal como defiende el presidente de la Junta y no hay ningún problema seguro que no tendrán inconveniente en que haya luz y taquígrafos y en que se pueda examinar en esa comisión de investigación. Si es así, será beneficiosa para él», argumentó el portavoz adjunto del PSOE-A, Josele Aguilar.
En cambio, el diputado interpretó qué supondría que se rechazara esta iniciativa: «Entonces seguirá en el oscurantismo y tratando de ocultar lo que no es ya una mala gestión sino una decisión política de perjudicar a la sanidad pública de todos los andaluces en beneficio de unos pocos de la sanidad privada».
Al respecto ha recordado que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, reclamó dichas explicaciones al jefe del Ejecutivo andaluz la semana pasada en el Pleno del Parlamento, y el también líder del PP-A «utilizó excusas de mal pagador» y sólo le faltó anunciar, «a lo (Nicolás) Maduro, que Andalucía ya estaba en Navidades para intentar tapar este enorme caso de corrupción en los contratos sanitarios», ha comentado.
Josele Aguilar ha subrayado que el PSOE-A «hace ya más de un año que viene denunciando esta utilización fraudulenta de los contratos de emergencia, sin cobertura legal, sin que existiera ya razón de urgencia» derivada de la pandemia de Covid-19, así como ha recordado que el Grupo Socialista ya pidió la creación de una comisión de investigación en el Parlamento a la que el PP-A «se negó», lo que impidió su constitución.
De igual modo, Josele Aguilar ha subrayado que dichos contratos que el PSOE-A quiere que se investiguen contaban con «informes desfavorables tanto de la Intervención de la Junta como de la Cámara de Cuentas» de Andalucía, y «la propia Consejería de Hacienda, en el año 2021, advirtió de que no se podían seguir celebrando contratos de emergencia, que ya no había cobertura legal ni razón de pandemia para seguir haciendo esos contratos de emergencia».
El portavoz socialista ha criticado que, pese a todo ello, el Gobierno de Juanma Moreno ha seguido utilizando esos contratos «no solamente en el año 2021, sino también en el 2022, en el 2023 e incluso en este año 2024», según ha advertido Josele Aguilar, que al respecto ha señalado que, el pasado mes de febrero, «se acordó la celebración de siete contratos negociados sin publicidad por un importe de más de 120 millones de euros».
«Esto demuestra que esto ya no es un problema de mala gestión del Gobierno de Moreno, sino que lo que se da es una decisión política por parte de la Junta de establecer un sistema de contratación al margen de cualquier sistema de publicidad y de concurrencia, de cualquier sistema objetivo y legal», concluyó Aguilar.