Tres años de cárcel y multa de 50 millones de euros para el ex secretario general de UGT en Andalucía
La Audiencia de Sevilla ha condenado a tres años de cárcel y al pago de una multa de 50 millones de euros al que fuera secretario general de UGT en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, por delitos de falsedad y fraude en la gestión de las subvenciones que el sindicato recibió de la Junta de Andalucía por valor de 40,6 millones de euros para impartir formación a personas desempleadas. El tribunal considera probada que esos fondos se destinaron a fines distintos a los legales, principalmente actividades propias del sindicato.
Los jueces también imponen estas mismas condenas a otros tres altos cargos del sindicato, que son el exvicesecretario general de administración de UGT-A Federico Fresneda; la que fuera secretaria de gestión económica del sindicato María Charpín, y el entonces consejero delegado de la entidad Soralpe Enrique Goicoechea, mientras que también condena a la que era responsable del departamento de Compras de UGT-A Dolores Sánchez, aunque en este caso como cómplice de los delitos referidos y le impone seis meses y dos días de cárcel y multa de 25 millones de euros.
Los cinco condenados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la Junta de Andalucía por un importe de 40.620.256,43 euros y se declara responsable civil subsidiaria a UGT-A por el importe total.
El tribunal justifica la las penas por la "gravedad" de las conductas, la elevada cuantía de lo defraudado, el perjuicio causado a los trabajadores a cuya formación estaban destinadas las subvenciones y en general para la sociedad y la "alarma social que producen actuaciones delictivas como las ahora sentenciadas, y más cuando son ejecutadas por agentes sociales a los que, precisamente, se les conceden las subvenciones por su proclamada defensa de los intereses de los trabajadores y desempleados".
Los jueces rechazan como atenuante que se haya reparado el daño, como habían alegado las defensas tras invocar el acuerdo alcanzado entre la Junta y el sindicato para devolver parte de lo defraudado a plazos durante 25 años a través de los múltiples procedimientos de reintegro abiertos por la administración autonómica. A este respecto, la sentencia apunta que ese acuerdo no implica el pago total de las ayudas desviadas y recuerda que el propio sindicato tiene impugnados muchos de esos procedimientos. El sindicato, afirma el tribunal, "no ha hecho esfuerzo alguno en reparar el daño causado al erario público en este procedimiento".
Absueltos los proveedores
La Audiencia Provincial ha absuelto en esta misma sentencia a otros nueve acusados que eran proveedores habituales del sindicato ya que, "no consta acreditado que tuvieran conocimiento del destino que iba a darse a los descuentos, comisiones o rappels que habían acordado y concedido al sindicato".
Los hechos juzgados se produjeron entre 2009 y 2013 cuando, por decisión de la dirección de UGT, se pusieron en marcha una serie de procedimientos contables para, a través de las facturas que se cursaban con los proveedores, conseguir una vía de financiación extraordinaria y fraudulenta para pagar los gastos de estructura del sindicatos, con cargo a esas subvenciones pública cuyo fin era la formación de trabajadores y desempleados.