El juez plantea llevar a la Justicia Europea el archivo del caso Avales de IDEA por un defecto formal para evitar la «impunidad» ante la corrupción en Andalucía
Golpe de autoridad del juez José Ignacio Vilaplana, instructor de los principales casos de corrupción (ERE, Faffe, Avales, Formación, Santana...) que asedian a los anteriores gobiernos del PSOE en Andalucía. El magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha planteado elevar una cuestión prejudicial o consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para intentar salvar la macrocausa de presunta corrupción conocida como Avales II, después de que la Audiencia Provincial de Sevilla allanara el terreno para su archivo, al cabo de más de siete años de investigación, por un defecto de forma. El tribunal dio la razón a las defensas de los ex altos cargos investigados que alegaron que se habían ordenado pesquisas cuando ya había caducado el plazo legal para ampliar esta instrucción compleja, un simple fallo formal que daba al traste con esta causa con 23 imputados.
En un auto de 56 páginas dictado el pasado 29 de mayo, al que ha accedido ABC, el juez Vilaplana sondea a las partes sobre la posibilidad de elevar una cuestión prejudicial a la Justicia europea para evitar que «el establecimiento de un sistema de plazos procesales de investigación como el previsto en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) dé al traste con siete años de informes policiales y periciales, declaraciones y autos judiciales se han perdido por este olvido procesal en un juzgado con sobrecarga de trabajo, en el que confluyen las macrocausas de corrupción en Andalucía.
«El archivo de la presente causa derivado de la aplicación del artículo 324 de la LECrim, podría, no sólo generar un riesgo sistémico, sino que de manera efectiva, habría de producir una impunidad jurídica que, en este caso, se extendería a la ilícita y millonaria disposición de fondos y recursos públicos realizada por los responsables y directivos de la Agencia IDEA y sus colaboradores, aquí investigados, de forma absolutamente al margen de la disciplina administrativa y financiera aplicable (estatal, regional y comunitaria)», advierte el magistrado en su auto.
Por este motivo, a través de la citada resolución, Vilaplana sondea a las partes (Fiscalía Anticorrupción, acusaciones y defensas) para que recabar su «parecer» sobre «la procedencia del planteamiento de una cuestión prejudicial ante el TJUE», en un auto contra el que no cabe recurso.
El juez instructor del caso Avales II señala que el archivo de esta causa, motivada por el establecimiento de un sistema que obliga a renovar periódicamente los plazos de investigaciones complejas como ésta, impediría «la imposición de sanciones efectivas y disuasorias para luchar contra tales infracciones, lo que a su vez atentaría contra la aplicación uniforme del Derecho de la Unión en materia de tutela a los intereses financieros y lucha contra la corrupción en todo el territorio Europeo, con afección a las políticas comunitarias vinculadas con las ayudas de Estado a empresas y protección de la libre competencia».
Impunidad «absoluta»
«Este ámbito de impunidad absoluta, del que habría de derivarse un evidente perjuicio para los intereses financieros de la Unión, habría sido reconocido por el Legislador Español», lo «justifica la reforma de dicho precepto legal en el hecho de que el sistema de plazos procesales determinado por la redacción anterior (establecida por Ley número 41/2015) se ha evidenciado pernicioso por cuanto puede conducir a la impunidad de la persecución de delitos complejos».
En concreto, el recurso estimado por la Audiencia de Sevilla impugnaba un auto en el que Vilaplana acordaba diligencias para investigar el aval de 1,5 millones de euros que IDEA concedió a la empresa Tartessos Car S.L., un concesionario de venta y reparación de vehículos de Huelva. Pero los efectos de la anulación van más allá de esta pieza y afectan a toda la macrocausa que incurrió en el mismo defecto formal.
Una pieza con 23 investigados
En mayo de 2022, el actual juez instructor, José Ignacio Vilaplana, citó a 23 personas como investigadas por los avales que IDEA «habría concedido irregularmente» a las entidades Tartessos CAR S.L. y Cooperativa Andaluza de Familias Agrícolas (SCAFA. La causa se dirige contra dos exdirectores generales de IDEA, Jacinto Cañete y Antonio Valverde, y otros cargos intermedios que integraban la comisión de valoración que validaba los avales en el citado ente público, como son Bienvenido Martínez, quien fuera director de Inversiones Estratégicas de IDEA y cuñado de la exdirectora de la Guardia Civil María Gámez, y Antonio Diz-Lois Ruiz, antiguo director de Finanzas de la agencia pública.
El abogado que presentó el primer recurso contra esta causa alegando su vencimiento, Juan Carlos Alférez, fundador del bufete sevillano Constitución 23, prevé que todos los investigados verán archivada la causa tras esta resolución, «pues todos fueron llamados al proceso en fechas posteriores a la fecha de caducidad que la Audiencia nos da estimado.
La macrocausa de Avales II, que se remonta al año 2014, indaga la «indebida concesión» a empresas de este tipo de ayudas excepcionales por parte de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), dependiente de la Junta de Andalucía. Se trata de analizar si la figura de los avales sirvió como medio para hacer llegar de modo «ilícito» fondos públicos en favor de determinadas empresas que también recibieron ayudas con cargo al fondo irregular de los ERE. Se investiga la presunta perpetración de delitos de prevaricación administrativa y malversación por parte de los beneficiarios de ayudas y de los responsables políticos que distribuyeron las ayudas entre las empresas elegidas por «la mera voluntad» de los que entonces mandaban en IDEA.
El sumario se dividió en 19 piezas, tantas como sociedades recibieron dinero público de manera discrecional, sin atenerse a ninguna norma.
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