Felipe VI presidirá, como es tradición, el acto de apertura del curso judicial que se iniciará con el máximo responsable del Ministerio Público al borde del banquillo, salvo que renuncie al cargo o le obliguen a renunciar en el momento en el que se abra juicio contra él, como solicitó la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif).
El curso que arranca será de alto voltaje en lo que se refiere a asuntos judiciales. Las causas contra la esposa y el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, están ya en su fase final y, cinco años después de ser procesados, el expresidente de la Generalitat catalana, Jordi Pujol (95 años), sus siete hijos y otras 18 personas deberían sentarse en el banquillo de los acusados a partir del 10 de noviembre, cuando está previsto que se inicie el juicio contra ellos en la Audiencia Nacional como miembros de una organización criminal que se enriqueció a través de actividades corruptas gracias a su poder en el Gobierno de Convergència Democrática de Catalunya (CDC) entre 1980 y 2003.
Está previsto que en los próximos días el juez madrileño Juan Carlos Peinado se pronuncie sobre la petición que le hizo la defensa de Begoña Gómez para aplazar su declaración como imputada por el nuevo delito de malversación -unido a los de tráfico de influencias, corrupción entre particulares, apropiación indebida e intrusismo profesional- por los que está investigada en relación con si aprovechó su condición de esposa de Sánchez para progresar en el ámbito profesional, según considera el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid.
Tanto Gómez como Cristina Álvarez, trabajadora de La Moncloa contratada para que se ocupara de la agenda, el protocolo y la seguridad de la mujer del presidente del Ejecutivo, fueron citadas a declarar el 11 de septiembre por malversación. El juez ve indicios de que Álvarez prestó servicios para Begoña Gómez en el marco de una cátedra extraordinaria la Universidad Complutense de Madrid (que consiguió gracias a patrocinios a pesar de que ni siquiera contaba con una licenciatura) cuando en realidad fue contratada por la Secretaría General de Presidencia para otros fines, lo que ve como un uso indebido y posiblemente ilegal de fondos públicos.
La causa que se inició contra Gómez en abril de 2024 ha ido creciendo -y está a punto de llegar a su fin, en cuanto a práctica de pruebas, con su nueva declaración y la de su asesora-, versa sobre si usó su condición de esposa de Sánchez para medrar y se centra, principalmente y como acotó la Audiencia Provincial, en si en busca de su progresión en el mundo académico pudo buscar que el Gobierno beneficiara al empresario Juan Carlos Barrabés a través de la plataforma pública Red.es con diversos contratos y en si usó su influencia para dirigir la citada cátedra de la Complutense.
En la resolución con la que el juez citó como investigadas por malversación a ambas, expuso que Álvarez estaba «sirviendo a las actividades privadas de Begoña Gómez (...), lo que podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados», y se refirió como indicio al mail que dirigió Álvarez a la directora de comunicación institucional de Reale Seguros, patrocinadora del programa de estudios, «solicitando directamente la continuidad como entidad patrocinadora del máster, lo que parece exceder claramente sus funciones», afirmó Peinado.
Fuentes jurídicas esperan que el magistrado ponga fin a las distintas líneas de investigación y mande la causa a juicio en cuanto tome declaración como investigadas a Gómez y Álvarez por la vía de la malversación.
En cuanto a la causa contra el hermano de Pedro sánchez, el músico David Sánchez, en un juzgado de Badajoz por prevaricación y tráfico de influencias por si se creó una plaza (presuntamente 'ad hoc') para él como coordinador de los conservatorios de la provincia de Badajoz, gracias, presuntamente, a la intervención del secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, está pendiente de la resolución de los últimos recursos antes de que se ponga fecha al juicio contra ellos.
En mayo, la magistrada Beatriz Biedma envió la causa a juicio y se espera que este año se conozca la fecha exacta en la que se sentarán en el banquillo.
«Patrimonio desmedido»
Han pasado 13 años desde que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz comenzó a investigar el origen de la fortuna de la familia Pujol (valorada en más de 30 millones) y oculta en el extranjero tras la denuncia de Victoria Álvarez, la novia del hijo mayor del expresidente catalán, Jordi Pujol Ferrusola, a quien Anticorrupción tiene como principal acusado y para quien pide 29 años de prisión.
En 2015, el juez José de la Mata ordenó registrar el domicilio de Pujol y los de sus hijos y, en 2020, procesó al expresidente, su esposa y sus siete hijos por formar una presunta organización criminal que, «aprovechando su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas, acumuló un patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas».
La esposa de Pujol, Marta Ferrusola, estuvo entre los acusados hasta 2021, cuando se le archivó la causa por motivos de salud y falleció en julio de este año. La Fiscalía pide para el expresidente Pujol Soley nueve años de prisión por presuntamente «favorecer a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos». Con el juicio al 'clan Pujol' se cierra un capítulo de la historia de la democracia en Cataluña.