La Fiscalía pide al juez de Tsunami que aplique la amnistía y Sociedad Civil Catalana que lleve el asunto al Tribunal de la UE
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado este jueves un escrito al juez del caso Tsunami pidiendo que aplique la Ley de Amnistía y acuerde el archivo definitivo de la investigación, en la que hay 10 imputados por terrorismo.
Al mismo tiempo, una de las acusaciones populares personadas, Sociedad Civil Catalana, ha propuesto a Manuel García-Castellón que antes de resolver eleve una consulta al Tribunal de Justicia de la UE para aclarar si la nueva ley es compatible con la normativa comunitaria. Esa medida dejaría en suspenso la causa hasta que llegara la respuesta del Tribunal de Luxemburgo, que podría demorarse un año.
La actuación del Ministerio Público sigue en la Audiencia lo que ya propuso ayer en el Tribunal Supremo, donde se encuentra la parte de Tsunami que afecta a los aforados Carles Puigdemont y Ruben Wagensberg.
"Resulta manifiesto, sin necesidad de esfuerzo o desarrollo intelectual alguno, que los hechos encuentran acomodo claro en el ámbito de aplicación de la ley", indica el escrito del fiscal Miguel Ángel Carballo.
La Fiscalía rechaza las imputaciones de terrorismo, pero indica que incluso esas encajarían en la amnistía, porque los hechos que se atribuyen a la decena de investigados en la Audiencia no rebasan el umbral de gravedad que marca la ley para que no se aplique la amnistía.
Sobre el turista francés fallecido de un ataque al corazón en El Prat durante los incidentes de 2019, Carballo señala que no está relacionado con la convocatoria de Tsunami ni cumple el requisito de ser un delito cometido de forma voluntaria.
"No concurren ninguna de las exclusiones que prevé la ley en su artículo segundo. Ni siquiera de las que, hipotéticamente, a efectos dialécticos, podría plantearse su aplicación a los hechos objeto del procedimiento, tal y como los configuro el Instructor [terrorismo] en el único auto de imputación que consta en el procedimiento", dice.
El juez García Castellón no tiene por qué seguir el criterio de la Fiscalía. En su mesa cuenta ya con otro escrito, este de Sociedad Civil Catalana, que rechaza el encaje de los hechos en la Ley de Amnistía y que pide al juez que presente una cuestión prejudicial ante Luxemburgo.
"A través de un análisis detallado, es intención de esta parte argumentar cómo la citada Ley infringe diversos principios y disposiciones del derecho comunitario, afectando aspectos fundamentales como la protección de los intereses financieros de la UE, la independencia judicial, la igualdad ante la ley, y el derecho a la tutela judicial efectiva", arranca el escrito firmado por al abogado Juan Ramón Chapapría.
Entre otros puntos, el escrito se centra en los presuntos delitos de terrorismo que quedarían amnistiados: "Consideramos que la amnistía de delitos graves, incluyendo el terrorismo (en el caso que nos ocupa), sin un proceso judicial adecuado, impide que las víctimas obtengan justicia penal. Las víctimas tienen derecho a que se persiga y sancione penalmente a los autores de los delitos.
"Al otorgar una amnistía generalizada", prosigue, "se niega a las víctimas la posibilidad de ver cómo se hace Justicia penalmente, forzándolas a recurrir a procesos civiles para obtener compensación. Este cambio de foro no solo es una carga injusta para las víctimas, sino que también puede resultar en una compensación inadecuada y en. la falta de reconocimiento formal del daño sufrido".