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¿Por qué Trump ha declarado la guerra a lo público en Estados Unidos?
Entre fantasías libertarias de gestionar el Estado como si fuera una empresa privada bajo la lógica de maximizar beneficios, la Administración Trump despide sumariamente a servidores públicos, bloquea la financiación de virtualmente todo programa federal que distribuya dinero, plantea un ERE a dos millones de funcionarios federales y suspende toda la ayuda exterior de Estados Unidos menos a Israel. Además de cuestionar el imperio de la ley, al purgar el Departamento de Justicia y auto-indultarse a través del perdón a 1.500 asaltantes del Capitolio.
Pocas nociones tiene tan claras Trump como la creencia de que su poder ejecutivo se encuentra amenazado por una cábala de burócratas no elegidos. En el primer mitin en Texas de su última campaña, Trump señaló a la función pública como una amenaza existencial para Estados Unidos: «O el Estado Profundo destruye América, o nosotros destruimos el Estado profundo». Ya nadie se acuerda que tuvieron que asesinar al presidente James A. Garfield en 1881 para impedir que los partidos políticos se repartieran lo público como un botín de guerra.
Con todo, la autocracia democrática de Washington no se enfrenta a una misión imposible. Se apalanca en toda la desconfianza que el gobierno federal –con su corrupción, inoperancia, malgasto y falta de transparencia– genera entre los estadounidenses. Por eso a Trump no le ha faltado tiempo para ordenar la publicación de todos los documentos secretos relacionados con los asesinatos de John F. Kennedy, Robert Kennedy y Martín Luther King. Solamente le ha faltado ordenar la inmediata puesta en libertad del marciano capturado en Roswell.