Con la presencia de varios representantes de organizaciones agrarias, el Grupo Parlamentario PSOE y el PP han aprobado este jueves la nueva Ley de Representatividad de las Organizaciones Profesionales Agrarias que supondrá «un paso firme y necesario hacia la modernización y legitimación del diálogo entre el sector y la administración», según ha defendido el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en su intervención en la sesión plenaria de las Cortes de Castilla-La Mancha.
Según Martínez Lizán, esta nueva norma es la mejor muestra de «un compromiso con el sector» que quedará plasmado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, «la mejor forma de ayudar a los ciudadanos». Una ley que «viene a llenar un hueco normativo», que existía desde hace más de 45 años y que establece un «procedimiento claro, transparente y adaptado» a la realidad actual del sector.
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Ente los objetivos de la nuevo texto, ha asegurado que la nueva ley dará «seguridad jurídica y estabilidad institucional, garantizando la interlocución con entidades que acrediten su representación, porque estén implantadas en toda la región, que realicen una actividad de defensa continuada del sector a lo largo del tiempo y que tengan un compromiso claro con intereses generales del sector«.
Asimismo, ha añadido que el nuevo texto reforzará la legitimidad democrática del sistema de representación agraria, al sustituir el mecanismo que hasta ahora se ha venido utilizando para determinar la representatividad por un método propio, ajustado a las competencias autonómicas y a la realidad territorial de Castilla-La Mancha.
La ley también fomenta y regula la participación efectiva de las organizaciones agrarias en los órganos consultivos y de decisión de la Consejería, «por eso va a ser una ley importante, que viene a reiterar una petición histórica del sector agropecuario de nuestra región y que, además, contribuirá a fortalecer la voz del campo y a consolidar un modelo de gobernanza más justo, representativo y eficaz».
Además, ha destacado que la ley deja definidas unas reglas estables para el futuro de la representación de organizaciones que existan o puedan existir en el en el contexto regional, puesto que estas bases, «esperemos que sean de aplicación durante mucho tiempo», ha manifestado.
Para el portavoz de Agricultura del grupo socialista en las Cortes regionales, Antonio Sánchez Requena, esta ley sigue el modelo que establece la ley nacional aprobada recientemente, «sumando las peculiaridades de Castilla-La Mancha». Según, ha explicado, recoge los criterios objetivos que regulan qué organizaciones agrarias son representativas en todo el territorio regional para seguir manteniendo una interlocución diaria y directa con la administración, en igualdad de condiciones.
Por su parte, el portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario del Partido Popular, Santiago Lucas-Torres, ha defendido que este texto, nace de la «realidad del sector, no de intereses políticos ni ocurrencias partidistas». «Esta ley es una trasposición de la ley nacional adaptada a la realidad de la región, que no excluye a nadie, pero sí exige algo esencial: que quien represente al campo lo haga con legitimidad, con trabajo, con estructura y con presencia real en nuestra región», ha añadido.
En este sentido, ha aseverado que sin organizaciones agrarias fuertes «no hay campo con futuro». defendiendo que esta ley supone una representación agraria «real, estructurada y eficaz», donde se han incorporado enmiendas que mejoran el texto, clarifican el lenguaje, refuerzan el papel de las mujeres en la representación, concretan los requisitos de sedes y actividad y, aseguran una revisión periódica cada cinco años.
Por todo ello, ha querido remarcar, que esta nueva norma «no es un cheque en blanco» ya que exige resultados y los revisa. Y sobre todo, ha puntualizado, esta ley dota de financiación y de estabilidad a quienes tienen la responsabilidad de representar al campo. Porque no se puede exigir interlocución a quien no tiene recursos ni medios. Dar voz al campo es también dar herramientas a quienes lo representan«, ha sentenciado.
Por su parte, el presidente del Grupo parlamentario VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha lamentado que se trata de una ley con «requisitos arbitrarios», haciendo especial hincapié al hecho de tener que pertenecer al COPA, «El COPA es un organismo privado y existen más de diez entidades europeas que también representan a agricultores y ganaderos. No se puede imponer la pertenencia obligatoria al COPA como requisito excluyente».
En Grupo Parlamentario Vox ha votado en contra de esta ley que tampoco «está tratando la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias a nivel europeo, solo a nivel regional».
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