Nuevas rebajas de condenas de los ERE: de la consejera que se inmoló por Griñán al consejero que inició el 'fondo de reptiles'

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) tiene previsto este martes analizar los recursos interpuestos por cinco ex altos cargos de los anteriores gobiernos andaluces del PSOE condenados a penas de prisión por el caso de corrupción de los ERE, que versa sobre el reparto, clientelar y opaco, por parte de la Administración andaluza de casi 680 millones de euros a lo largo de una década. La Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo condenaron a 15 ex altos cargos, entre los que están los ex presidentes andaluces y del PSOE, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por esta causa.

Este martes, el pleno del TC revisará los recursos de tres ex consejeros: Antonio Fernández García (Empleo), Carmen Martínez Aguayo (Economía y Hacienda) y Francisco Vallejo Serrano (Innovación). También debatirá sobre los recursos del ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román y de Miguel Ángel Serrano Aguilar, ex director general de la Agencia IDEA de la Junta, considerada la 'caja pagadora' de los ERE.

El TC ha decidido analizar estos cinco recursos para darle «prioridad» a los recurrentes que están en prisión, si bien la mayoría de ellos cuenta ya con el tercer grado. A continuación se detallan las claves en los ERE de los cinco ex altos cargos de la Junta de Andalucía que hoy ven su caso en el Constitucional.

Carmen Martínez Aguayo

Antes de ser consejera, Martínez Aguayo fue viceconsejera de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009, con Griñán como consejero. Cuando en abril de 2009, éste ascendió a la Presidencia de la Junta, tras la dimisión de Manuel Chaves, que se incorporó entonces al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como ministro de Política Territorial, Martínez Aguayo se convirtió en consejera. Y siempre fue la fiel escudera de Griñán, incluso en el caso de los ERE.

Durante la investigación, Martínez Aguayo llegó a decir que Griñán nunca recibió los informes de la Intervención General de la Junta en los que se advertía de las irregularidades detectadas en el procedimiento y el pago de las ayudas fraudulentas de los ERE. Esos escritos iban dirigidos a la Consejería, pero la que fue mano derecha de Griñán afirmó ante el tribunal que nunca se los hizo llegar a su superior. «Nunca se nos requirió para nada que tuviera que ser transmitido o elevado al consejero», insistió durante el juicio de los ERE en la Audiencia de Sevilla.

En una rueda de prensa en marzo de 2011, pocos meses después de que estallara el escándalo, fue incluso más allá y se inmoló para exculpar a su jefe. «Ni Griñán supo, ni tapó, ni está permitiendo ninguna irregularidad y el que diga esto está mintiendo, lo desmiento con total rotundidad, porque el presidente no conoce ninguno de estos informes [de la Intervención] porque no tenía que conocerlos», afirmó Martínez Aguayo, quien reconoció que los informes de la Intervención iban dirigidos a ella, como viceconsejería de Economía y Hacienda.

Su intento de exculpar a Griñán de las graves irregularidades que ocurrían bajo su responsabilidad resultó infructuoso, pues la sentencia de la Audiencia de Sevilla -y también la del Supremo- considera probado que tanto Griñán como el ex presidente Manuel Chaves «conocieron y consintieron» el fraude que permitió el desvío de 679 millones de euros de fondos públicos durante una década.

Médico de profesión, Martínez Aguayo entró en política desde la gestión sanitaria, primero como directora general del antiguo Insalud (1994-1996) y después como gerente del Servicio Andaluz de Salud (1996-2000). Sobre Martínez Aguayo pesa una condena de 6 años de prisión y 15 años de inhabilitación absoluta por prevaricación y malversación.

Francisco Vallejo

Fue consejero de Innovación, Ciencia y Empresa entre 2004 y 2009. La Audiencia de Sevilla y el Supremo lo condenaron a siete años de cárcel por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación, además de a 18 años de inhabilitación absoluta. Como consejero de Innovación, fue presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), luego rebautizado como Agencia Idea, que fue la 'caja pagadora' de las ayudas irregulares. Él fue, como recoge la sentencia, quien autorizó los convenios de Idea que ampararon los pagos, además de formar parte del Consejo de Gobierno que aprobó las partidas presupuestarias.

Antonio Fernández

Fue condenado a 7 años y 11 meses de prisión y 19 años y 6 meses de inhabilitación absoluta por prevaricación y malversación. Está en prisión en estos momentos. También estuvo en la cárcel, como preso preventivo, durante cuatro meses, durante la instrucción del caso por parte de la juez Mercedes Alaya.

El 17 de julio de 2001, Antonio Fernández, entonces presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), firmó el convenio marco que dio pie al también conocido como 'fondo de reptiles'. El documento también lo suscribió el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera.

Fernández cuenta con otra condena en una de las piezas desgajadas de la macrocausa de los ERE. En enero de 2022, la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla lo condenó a siete años y un día de cárcel en el marco de la pieza separada por las ayudas por valor de 2,9 millones concedidas por la Junta a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco). Durante este juicio, celebrado a finales de 2020, Antonio Fernández hizo uso al derecho a la última palabra: «A pesar de llevar diez años en esta situación, sigo creyendo en la Justicia».

Jesús María Rodríguez Román

Fue condenado a 6 años de prisión y 15 años de inhabilitación absoluta por prevaricación y malversación en el juicio principal de los ERE. Fue viceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa de 2005 a marzo de 2010. De la consejería de Innovación, Ciencia y Empresa dependía la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, más conocida como (IDEA), que era la encargada de pagar las ayudas de los ERE irregulares.

Miguel Ángel Serrano

Fue condenado a 6 años y 6 meses de prisión y 17 años de inhabilitación absoluta por prevaricación y malversación. Fue director general de IDEA desde junio de 2004 a mayo de 2008 y fue director general del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos desde junio de 2008 a octubre de 2011.