El primer plan de Atención Temprana se queda corto: 42 millones para bajar las listas de espera

Aquí entra en juego la Atención Temprana, un conjunto de terapias e intervenciones que debe recibir el menor para aminorar los síntomas y proporcionarles la máxima autonomía. Es decir, que el niño tenga acceso a este tipo de atención puede suponer la diferencia entre que consiga o no llegar a ser más autónomo y menos dependiente.

Sin embargo, casi la mitad de los niños que necesitan estos tratamientos precoces no cuentan con ellos. Se estima, según datos la Federación Española de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana (GAT) que el 10% de la población infantil es susceptible de este tipo de terapias, mientras que sólo el 5,8% la estaría recibiendo. En concreto, esta federación señala que en torno a 140.000 niños de entre 0 y 6 años con discapacidad o con barreras significativas en su desarrollo no llegan a conseguir nunca una plaza en un centro de Atención Temprana.

Ayer el Gobierno y las comunidades autónomas se comprometieron por primera vez a revertir esta situación. El Ministerio de Sanidad y el de Derechos Sociales firmaron junto a las autonomías ayer el primer acuerdo estatal destinado a mejorar la Atención Temprana en España. Se trata de un documento que fija un plazo máximo 45 días para comenzar a recibir atención desde que se detecta un niño candidato a recibir terapia, además de generar más plazas para menores. El objetivo es reducir enormemente las listas de espera, que en algunas comunidades como Andalucía o Madrid alcanzan los 117 días y los 200 respectivamente; superando con creces el plazo máximo de referencia que marca la Garantía Infantil Europea y el Consejo de la UE.

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Elena Calvo

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«Recibimos el compromiso con alegría, pues este tipo de atención puede ser crucial para todos aquellos niños que tengan un trastorno en su desarrollo», expresa Iñigo Bermejo, al frente de GAT. Aunque la población tiende a percibir la Atención Temprana como orientada a un grupo muy reducido de menores, sirve para diagnosticar no sólo a niños con parálisis cerebral sino a a quellos con problemas del lenguaje o incluso que estén en riesgo de exclusión social.

En cualquier caso, las diferencias entre comunidades autónomas son significativas. En autonomías como la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid, Galicia, Canarias y Aragón se atiende sólo de un 2 a un 4% de menores aproximadamente. Por el contrario, en regiones como Andalucía, Cataluña o Navarra se roza el 10%. Bermejo indica que el papel de los colegios es esencial en todo el proceso, pues es el escenario en el que se detecta, de forma mayoritaria, que puede existir algún problema en el desarrollo cognitivo.

Asimismo, el acuerdo prevé que todas las comunidades tengan una Red de Atención Temprana para antes de 2030. El sistema deberá interconectar todos los departamentos que forman parte del proceso de Atención Temprana, así como ordenar y regular la participación de los equipos, el profesorado, los profesionales de los servicios sociales, etc. La red «debe disponer de una plantilla de profesionales estable, suficiente y con empleos de calidad», así como facilitar una normativa que establezca mecanismos de coordinación y de compartición de documentos e historias clínicas.

Pese a que el plan ha sido aprobado por mayoría en el Consejo Interterritorial, Comunidad de Madrid, Aragón, La Rioja y Cantabria votaron en contra, tachando el plan de «chapuza», y de quedarse corto —se destinarán 42 millones de euros a repartir de forma equitativa según población— para cubrir la alarmante falta de profesionales.

«No hay garantías en los plazos de 45 días. Es una declaración de intenciones ideológicas sin base ni referencias técnicas sobre cómo mejorar en este ámbito», indicaba Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, quien ha prometido que creará este año en la región nuevas plazas en atención temprana, alcanzando las 7.000 con una inversión de 40 millones, prácticamente la misma que el Gobierno quiere destinar para todas las comunidades autónomas.

«Tanto la dotación de la Comunidad de Madrid como el acuerdo estatal es insuficiente, patético», expresa a ABC la directora de un centro de atención temprana de la capital, que prefiere mantenerse en el anonimato. A su parecer, las ayudas, pese a ser bien recibidas, no van a la raíz del problema.

«La dificultad es la rotación, no se liberan plazas al mismo ritmo que se demandan nuevas», lamenta, indicando 200 o 300 plazas más no cambia anda cuando hay niños que pueden estar un año en Atención Primaria o más de cinco.

Y cada año la cifra aumenta. «Además hay familias que se les ha ofertado plaza y la han rechazado por no poder compaginar el horario de mañana en el centro con llevar a su hijo al colegio», expresa, a la vez que añade que la normativa sigue sin plantear qué ocurre cuando el niño cumple los 6 años y deja de recibir tratamiento. «¿A caso desaparecen sus trastornos de golpe? Están ciegos si piensan que funciona así».