En concreto, son 971 los agentes medioambientales los que prestan servicio en la administración autonómica, de los cuales menos de 800 son funcionarios fijos, según ha explicado el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones tras la firma del acuerdo con USCA, CCOO y UGT, de la que se ha desvinculado CSIF.
El acuerdo contempla también mejoras retributivas en los niveles y los complementos específicos de los agentes medioambientales y la creación de un grupo de trabajo entre los firmantes para analizar de manera «profesionalizada» y «periódica» las condiciones del sector, así como la actualización de su reglamento y el abordaje de su especialización. En este aspecto, «se marca un antes y un después» al implementar una interlocución que el consejero ha reconocido que no era «muy adecuada».
«Hacen una labor muy importante en unas condiciones que tratamos de mejorar», ha continuado Suárez-Quiñones, quien ha ensalzado un servicio «especialmente importante en los últimos años» en los que los extremos climáticos han puesto en jaque al patrimonio natural, trabajando en «lugares complicados» y en actuaciones «francamente delicadas».
El acuerdo llega después de meses de tiras y aflojas y protestas. Desde febrero «hemos discutido, nos hemos levantado de la mesa» y hemos «cedido» por los «intereses generales y la búsqueda de lo posible y aceptable», ha concluido Suárez-Quiñones tras la firma que da vía libre a una RPT que estaba endiente sólo de este acuerdo.
Por su parte, desde CSIF, que no ha plasmado su rúbrica en el mismo, han señalado que las «mejoras son escasas» y que el acuerdo es una «servilleta de bar» sin «garantías jurídicas», además de que no salva uno de los principales escollos de la negociación el «mantenimiento de puestos de trabajo», ha señalado la delegada del sindicato y agente medioambiental Sara Mateos respecto a la «eliminación de 85 plazas» en la RPT.