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El juez pone en libertad al socio de Aldama en la trama de hidrocarburos
De hecho, hace sólo unas semanas Pedraz negó a Rivas la excarcelación, en una decisión que fue confirmada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El instructor razonaba que el empresario persistía «en su actitud de negar cualquier vinculación» con el supuesto fraude objeto de las pesquisas, pero ahora que Anticorrupción pide la libertad, tiene que concederla.
En concreto, la Fiscalía alegó que los riesgos de fuga, obstrucción a la justicia y reiteración delictiva que se apreciaron para tenerle en preventiva a día de hoy se pueden considerar «si no neutralizados sí muy disminuidos» porque la capacidad de Rivas de influir para mal en las pesquisas ha quedado «muy atenuada». Ve así, pertinente, su libertad provisional.
Claudio Rivas, titular de varias sociedades entre las que figura Villafuel acabó en prisión provisional el pasado 10 de octubre tras una operación de la UCO coordinada por el juez Pedraz y la Fiscalía Anticorrupción por un fraude en los impuestos de hidrocarburos que se estimaba en aquel momento en 182 millones de euros y que tras dos meses de investigaciones se elevaría por encima de los 227, como adelantó este lunes ABC.
Aldama cayó con él en la misma operación detenido y en prisión provisional, pero a diferencia de Rivas, prestó declaración ante el juez cuando pasó a disposición y después, lo hizo de forma voluntaria en el caso Koldo que se sigue también en la Audiencia Nacional, para tratar de evidenciar una colaboración con la Justicia que conjurase el riesgo de fuga. Ocho horas después de comparecer, fue puesto en libertad a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, la misma en ambas causas.
Sin embargo, las investigaciones van por separado. Mientras en el caso Koldo, el epicentro del asunto está ya en manos del Tribunal Supremo y sus protagonistas han prestado declaración en los últimos días, el de hidrocarburos aún permanece bajo secreto de sumario y la UCO acaba de explotar una segunda fase de la investigación, con la detención de cuatro personas que serían clave en un entramado de ocultación de ganancias y elusión fiscal.
Se trata de Carmen Pano, la mujer que contó a la prensa que entregó en la sede del PSOE en Ferraz 90.000 euros en dos veces para Víctor de Aldama; su hija Leonor González, titular de la sociedad que compró un chalet en Cádiz para el «disfrute» del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos; Luis Alberto Escolano, el 'mosquetero' de Aldama especializado en negocios inmobiliarios y una cuarta persona vinculada con él, Carlos del Castillo. Todos han quedado en libertad.
A Rivas, no obstante, el juez le impone una batería de cautelares. Tiene prohibido salir de España y retirado el pasaporte, debe facilitar domicilio y teléfono de contacto y acudir cada semana a un juzgado a firmar.